El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, señaló “una parte del oficialismo promueve que la Argentina sea petrolera” y que evidentemente “no tiene interés en promover los biocombustibles”.
Para Idígoras, el nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles presentado por el oficialismo “es una pena”, porque “más allá que mantiene las mismas condiciones para el azúcar, restringe enormemente al maíz y la soja castigándolo severamente cuando son los cultivos de mayor producción en la Argentina”.
“La política de biocombustibles es un tema de soberanía energética y ambiental, porque estamos generando un recurso renovable que tiene un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero muy superior en relación al petróleo”, aclaró el titular de CIARA-CEC.
“Me parece que con esta Ley la Argentina está dando un paso para atrás fenomenal. El mundo sigue avanzando con energías renovables y nuestro país es un líder natural en biodiesel por exportación, pero también en bioetanol también por su capacidad interna, y lamentablemente vamos a un apagón de las energías renovables“, afirmó.
Consultado en el programa radial “Nuestra Tierra”, sobre si con esta nueva Ley podría haber cierre de empresas de biocombustibles, Idígoras aseguró que “sí”, y agregó que “varias empresas de biodiesel y bioetanol ya hicieron público que no tienen futuro con una legislación de esa naturaleza“.
Prórroga de la Hidrovía
“La prórroga la veníamos tratando de gestionar hace tiempo, porque cuando el Gobierno definió la hoja de ruta para ir a una nueva concesión internacional, todos coincidimos que se iba a tardar mucho tiempo”, analizó Gustavo, quien calificó a la prórroga de 90 días como “precaria”, porque “estamos en medio de la cosecha gruesa y una bajante del Río Paraná que ya se empieza a sentir”.
“Vamos a ver qué decide el nuevo ministro de Transporte (por Alexis Guerrera) y esperamos que ratifique el camino, y que pueda acelerar los procesos. Va a ser probablemente la licitación más importante de América Latina en cuanto a su valor”, subrayó.
Sobre la posibilidad de crear un ente público/privado para la concesión, Idígoras aseguro que esa no es una solución y que desde el sector “alentamos que la concesión sea a riesgo empresarial porque si el Estado toma participación para desarrollar la infraestructura estaría obligado a tomar créditos por más de 3.500 millones de dólares a un costo altísimo”.
“Los que el Estado si tiene que hacer es controlar las obras y el uso correcto de las tarifas, y por eso hemos pedido la creación de una unidad específica de control que increíblemente no existe desde hace casi 20 años”, finalizó.
