Martín De la Torre y María del Carmen Mántaras son un matrimonio propietario de un campo en el centro norte de Santa Fe, ubicado en la localidad de Vera y Pintado, en el departamento de San Justo.
El establecimiento está a siete kilómetros de la Ruta Nacional 11 altura km 651, más precisamente a 2.000 metros hacia el norte del Canal San Pedro, que desde hace 10 años está tapado por grandes renovales y árboles debido a la falta de limpieza y mantenimiento.
Pero el conflicto comenzó hace un tiempo, cuando en el medio del campo apareció un canal hídrico clandestino que les dividió el predio y les generó un sinfín de problemas: agua que les ingresa de todos lados, basura, imposibilidad de movilizar la hacienda y la pérdida de la producción.
En una denuncia que ya presentaron a la Justicia, De la Torre y Mántaras aseguraron que los responsables son el presidente y el ingeniero hidráulico del Comité de Cuenca Arroyo Pantanoso y Saladillo Amargo, Abelino Fluger y Sergio Carreras.
“Estamos desesperados”, le confesó De la Torre a Infocampo. Es que, según explicó, el objetivo de los responsables era “aliviar” el Canal San Pedro ante la inminente llegada de las excesivas lluvias del Niño. “Por eso, realizaron un by pass desde el canal tapado, que desemboca única y exclusivamente en nuestro campo, usándolo como vía de desagote al mismo destino del agua que llevaba anteriormente el Canal San Pedro, es decir, al Arroyo San Pedro, que pasa a 2 kilómetros”, describió el propietario.
Así, la fuerza del agua les arrastró alambrados de cinco hilos con sus postes, varillas, entre otros materiales, al tiempo que les llega agua de miles de hectáreas de todos los campos bajos. “Literalmente no se puede cruzar de lado a lado y hasta a caballo. La hacienda queda empantanada, con posibilidad de mortandades, y tenemos cortado artificialmente el ingreso a nuestro campo, ya que es un sector alto no afectado por inundación”, lamentó De la Torre.
Así quedó el lugar
Cómo sigue el caso
Los propietarios ya se pusieron en contacto con autoridades de San Justo, que reconocieron que el hecho es “muy grave” y constituye un delito penal, según la Ley Provincial 13.740.
“El canal fue ejecutado sin el correspondiente permiso de la comuna, lo hicieron por el camino comunal que conduce a nuestro campo, achicándolo. Sin actas ni asambleas respaldatorias que lo autorice, y sin conocimiento ni autorización del Ministerio de Infraestructura y Transporte, ni de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, sin estudios de riesgo a propiedad privada y la invasión del mismo”, aseguró De la Torre.
