En un encuentro que se llevó a cabo ayer en la Legislatura de Santa Fe, diputados de esa provincia y de Córdoba conformaron una mesa de trabajo en defensa de la actividad de todas las plantas de Sancor.
Según expresó el presidente de la Cámara Baja de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, la propuesta busca reunir a legisladores nacionales y provinciales, a los ministerios de la Producción de ambas provincias, representantes de los trabajadores y a los directivos de la empresa para “el seguimiento de las medidas tendientes a normalizar lo antes posible el funcionamiento de la empresa, sobre la base de dos cuestiones básicas, como lo son defender los puestos de trabajo, y a la figura de la cooperativa como forma de organización”.
Por su parte,el diputado justicialista santafesino Luis Rubeo, aseguró que “nosotros vamos a defender el trabajo cooperativo con los trabajadores adentro, no vamos a realizar esfuerzos sobre la base del ajuste, esto fue categórico, porque desde todos los partidos nos manifestamos en esa sintonía. Eso es positivo, porque estamos defendiendo un modelo que hoy está en crisis; algunos quieren terminarlo, nosotros queremos apoyarlo con las correcciones que haga falta”.
“El esfuerzo desde ambas provincias para asistir a Sancor”, que “moviliza la actividad económica de cerca de 5.500 familias (1.500 socios tamberos y más de 4 mil trabajadores), no podemos dejarla caer”, dijo el socialista Joaquín Blanco.
El secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, dijo que la crisis de Sancor afecta a no menos de cien localidades y que la empresa factura unos $ 12 mil millones por año. Aclaró que el gobierno de Venezuela le debe a la cooperativa u$s 37 millones.
“Sancor se encuentra en una profunda crisis y ha sido afectada su capacidad productiva y su desempeño económico, provocando profundo malestar e incertidumbre entre los 3.987 trabajadores de la planta”, señaló el texto que emitió la Legislatura, por lo que exigen al Gobierno Nacional que tome medidas para proteger las fuentes amenazadas, que dejarían en la calle a 1.000 trabajadores.
