Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la FAO destacó la necesidad de empoderar a las mujeres para disminuir sus tasas de pobreza y obesidad, y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS destacan la igualdad y el empoderamiento de las mujeres no sólo como una meta sino como parte de la solución a los grandes problemas de desarrollo que enfrenta el mundo, ya que ellas son una piedra angular de la economía rural y la seguridad alimentaria.
Según la FAO, si se potencia el papel de las mujeres rurales y se invierte en actividades que aumenten significativamente su productividad, se podría disminuir de forma significativa el hambre y la malnutrición.
“Para lograrlo todos los países deben incorporar el enfoque de igualdad de género en sus políticas públicas, garantizar su efectiva implementación y convertirlo en un tema del más alto nivel político”, señaló Claudia Brito, Oficial de Género de la FAO.
En enero de este año, América Latina y el Caribe dio un gran paso en este sentido, cuando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), adoptó la estrategia de género del mayor acuerdo regional de lucha contra el hambre, el Plan SAN CELAC.
Mayores tasas de malnutrición y pobreza
Según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional en ALC 2016, la obesidad impacta de forma desproporcionada a las mujeres de la región: un 26.8 por ciento en comparación con el 18.5 por ciento de los hombres.
Existen múltiples factores detrás de esta tendencia regional, como la pobreza y la falta de acceso a recursos productivos, a servicios de salud integrales, su poco acceso a educación nutricional, sumados a una excesiva carga de trabajo, en especial en el caso de las mujeres rurales
A pesar de que la pobreza general de la región ha disminuido, la pobreza de las mujeres, ha aumentado: según el índice de feminidad de la pobreza, por cada cien hombres indigentes en América Latina y el Caribe hay 121 mujeres indigentes.
En América Latina el 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tiene ingresos propios, aunque trabaja a diario de forma no remunerada. Además, las mujeres rurales de la región sólo poseen una fracción de la tierra, el crédito, los insumos productivos y la educación en comparación a los hombres.
Garantizar el acceso a la propiedad
El ODS 5 reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.
Un estudio de seis países halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México (32,2, %) y en Paraguay (29,7%), y sólo el 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.
Para las mujeres indígenas -que representan cerca del 10 por ciento de las mujeres rurales en la región- los derechos a la tierra suelen tomar la forma de derechos de propiedad colectiva y son claves para su seguridad alimentaria.
“Se debe fortalecer el acceso a la tierra de las mujeres indígenas de la región, en línea con el mandato de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014, que estableció el compromiso de apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas”, dijo Brito.
Inequidades en el mercado laboral rural
En América Latina y El Caribe, la población rural asciende a cerca de 121 millones de personas, quienes representan aproximadamente el 20% de la población total. De ellas, el 48% son mujeres, un total de 59 millones.
Aunque representan el 20% de la mano de obra agrícola en América Latina y el Caribe, las mujeres enfrentan una serie de inequidades que afectan tanto su desarrollo económico como su seguridad alimentaria.
Los censos agrícolas indican que en América Latina y Caribe las mujeres a cargo de una explotación agrícola (mayoritariamente granjas para cultivo) van del 8% en Belice y Guatemala a no más de un 30% en Chile, Jamaica y Saint Lucia. Sin embargo, por lo general los predios encabezados por mujeres son más pequeños y en tierras de menor calidad.
Un estudio de la FAO que analizó las cadenas de valor de la yuca (Belice), quinua (Bolivia), maíz (Guatemala) y el cultivo del algodón a nivel regional desde una perspectiva de género encontró que en el ámbito rural, el, pese a que realizan una gran parte de las actividades en la finca, además del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado en los hogares.
Según el estudio, la participación de las mujeres es más marcada en actividades que involucran tiempo y esfuerzo físico, como plantar, desmalezar y cosechar. Contrariamente, participan menos en los eslabones de la cadena productiva asociados a la generación de mayores ingresos.
El estudio “Mujeres de Algodón” identificó diversos factores de desigualdad en las cadenas de valor de dicho cultivo en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, como el limitado acceso a créditos y esquemas de apoyo financiero, su falta de control sobre las ganancias obtenidas, y su bajo poder de decisión sobre bienes productivos.
