Las entidades agropecuarias cordobesas explicitaron su oposición al proyecto de ley impositiva 2017 enviado por el gobierno provincial, que prevé una suba de hasta 45 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural, en el marco de una reunión que mantuvieron con legisladores de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Legislatura.
En ese marco, los productores cordobeses instaron a los legisladores provinciales a introducir cambios en la iniciativa.
A pesar de este pedido, el cuerpo Unicameral aprobó hoy en general y en particular en primera lectura el proyecto de Presupuesto 2017, el primer paso necesario en el protocolo legislativo.
El paquete de leyes económicas, tributarias e impositivas, están contempladas en el Proyecto de Ley N° 20.572, que refiere al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2017.
Tal como lo prevé el Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en su artículo 117 se requiere doble lectura para determinados proyectos, como es el caso de la Ley de Presupuesto.
Al finalizar la sesión, se informó que las audiencias públicas por el Presupuesto 2017 serán el próximo lunes 5 de diciembre.
La semana pasada, el agro cordobés ya manifestó su malestar por el ajuste decidido por el Ministerio de Finanzas, y advirtió que podría movilizarse si su pedido no era escuchado por las autoridades.
El presidente del Consejo Provincial de Coninagro, Marco Giraudo, dijo que “no hay justificativo” y que los legisladores “no encontraron fundamentos para un aumento del 45 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural”.
“No nos oponemos a una actualización de las valuaciones, pero cuando se habla de un 35 por ciento de promedio es muy difícil de precisar cuántos contribuyentes van a quedar en este nivel. Vamos a tratar de que haya cambios”, agregó el dirigente.
En tanto, Gabriel De Raedemaeker, de Cartez, dijo que le “preocupa seriamente el aumento bestial de las valuaciones, del orden del 1.500 por ciento en la zona de mayor valor que es Marcos Juárez, si bien las entidades rurales aceptan una actualización de las valuaciones fiscales de los campos.
“Este es el primer escalón; la idea es llevar a 100 mil pesos por hectárea esa valuación. Cualquier pequeña variación en la alícuota termina en un aumento brutal del tributo”, enfatizó el dirigente.
El titular de Cartez también mencionó que, según está presentado en el Presupuesto, el componente impuesto que figura en la parte de los ingresos arroja un aumento del 78 por ciento “y no discrimina entre lo urbano y lo rural”, puntualizó.
“Y si tenemos que el urbano sube sólo el 30 por ciento, cómo hacer para llegar al 78. Sospechamos que esos mayores recursos van a salir del campo”, señaló De Raedemaeker.
Entre otros puntos, los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba solicitaron que se fijen excepciones para productores de economías regionales, lecheros, inundados, para quienes se solicitó que no se incremente el tributo.
