El gobierno argentino le solicitó al juez de Nueva York Thomas Griesa, que reponga la medida cautelar que suspende transitoriamente la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitre. Aquí, en la República Argentina el PEN envió al Congreso el año pasado, y éste aprobó con el voto de la mayoría oficialista, un proyecto de ley que limita a 6 meses, prorrogables por otros seis, en caso que el magistrado lo considere necesario, la vigencia de las medidas cautelares.
En nuestro país, es absolutamente imposible que en ese período de tiempo se pueda dictar una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo planteada cualquiera sea el tema en discusión. En consecuencia,se dejó a los ciudadanos, usuarios, trabajadores y jubilados, en un estado de indefensión frente a los abusos de las empresas de servicios públicos, de los grandes grupos del poder económico y de los funcionarios públicos corruptos que actúan en connivencia con esos sectores.
Porque las medidas cautelares son un mecanismo procesal que les permite a los jueces, mediante petición de parte, admitir la existencia de un derecho arbitrariamente negado o vulnerado, cuya demora en la tramitación del juicio hasta la sentencia definitiva podría ocasionar un perjuicio irreparable. Además, esa limitación resulta violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 25 dispone que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional reclama a los de afuera, con muy buen criterio que todos apoyamos, lo que les niega a los de adentro, al limitar el derecho a que las medidas cautelares tengan vigencia hasta que se resuelva de manera definitiva la cuestión de fondo planteada.
Por Héctor Polino. Titular de Consumidores Libres y ex diputado nacional
