Los conflictos sociales por la disputa de tierras rurales se están repitiendo con una violencia inusitada que no encuentra alivio y, menos aún, soluciones. Vemos cómo empresas privadas y grandes empresarios se apropian de las tierras, avasallando los derechos de propiedad y posesión de los pequeños productores.
La ausencia del Estado, en todos sus niveles, muestra la contracara más dura de la corrupción política, policial y judicial que avala las continuas usurpaciones de la propiedad.
A pesar de la existencia de normas jurídicas que amparan los derechos campesinos, existe una clara desprotección que los expulsa del modelo agrario. Desde el desconocimiento de sus propios derechos y la carencia de recursos económicos para llevar a cabo las tramitaciones que requiere la regularización registral, hasta las amenazas e intimidaciones, los pequeños productores encuentran vulnerados los derechos más elementales.
Es hora de que el Estado asuma la responsabilidad en cuanto al ordenamiento sustentable de la propiedad y uso de los recursos naturales, reconociendo los derechos de todos los argentinos al acceso equitativo de la tierra, el agua, la energía y, en definitiva, la garantía de poder desarrollarse en el territorio nacional. Para ello, resulta prioritario que el primer paso sea el respeto del derecho de posesión como instancia preliminar y primordial en los conflictos donde se tramiten instancias jurídicas.
Seguiremos acompañando a los pequeños productores y peleando por la ley que frene los desalojos para construir un desarrollo rural más inclusivo. Apelamos al compromiso político de todos los estamentos gubernamentales para buscar una solución a esta problemática que afecta a más de 10 millones de hectáreas en el país.
La raíz del conflicto por las tierras se halla en la disputa y control del espacio territorial. Para el agronegocio, la tierra es una mercancía para hacer negocios, para los pequeños productores y sus familias, la tierra constituye una forma de vida, una cultura, una historia compartida.
Siempre defendí el concepto de tierra como bien de uso antes que mercantil, la soberanía alimentaria y el medio ambiente porque, antes que bienes económicos, son bienes públicos y sociales que deben estar al servicio del bien común y ser regulados para que cumplan su función social.
Por Susana García. Diputada por la provincia de Santa Fe
