El sector agropecuario y de manufacturas de origen agropecuario ha sido el más dinámico de la economía desde hace más de tres lustros, a partir de un fuerte compromiso con la producción celebrado de forma tácita entre los integrantes de la cadena, quienes privilegiaron la inversión de riesgo en tecnología, la creación de una enorme cantidad de empleos genuinos y sostenibles, y la implementación de prácticas agrícolas y de industrialización totalmente amigables con el ambiente, para ofrecer al mundo una canasta de productos altamente competitivos. Estos llegaron a los principales mercados del exterior, luego de sortear las enormes barreras generadas por las políticas para arancelarias, sanitarias y de subsidios implementadas en los países desarrollados.
El aporte al Fisco del sector agroalimentario y agroindustrial se ha constituido en los últimos años en uno de los sostenes principales de las cuentas públicas, a partir de la absorción de una presión impositiva sin precedentes y un crecimiento de los volúmenes operados que no fueron casuales, sino el resultado de la adopción de un paquete tecnológico que impactó positivamente en los rendimientos, generando la “Segunda Revolución de las Pampas”. Estamos seguros que sin este aporte, las políticas públicas implementadas en los peores momentos post-devaluatorios, no hubieran podido tener el amplio alcance que tuvieron y el clima social se hubiera empeorado.
En los países prósperos, a los sectores estratégicos se los promueve con medidas acorde a los requerimientos de su crecimiento y la sustentabilidad del mismo, y no se los elige como enemigos. Es impensable que las reglas de premios y castigos que naturalmente existen en una economía, se inviertan y a los más eficientes se los castigue.
Paradójicamente, en los últimos meses el ataque a la tecnología (elemento clave del desarrollo de nuestro sector) o a determinadas actividades, vía acciones o normativas de dudosa legitimidad implementadas por el Gobierno, generaron un clima de hostilidad que es incompatible con un país democrático y transparente. El fin (reducir la inflación) justifica los medios (atacar al sector productor de alimentos).
En este contexto, pareciera que en lugar del debate de ideas con una visión amplia, es superado por el “imperio de la obsecuencia”. Pareciera también que “pensar y actuar en consecuencia” genera resistencia al modelo y como tal, aquel que actúe por la razón y fiel a las convicciones, pierde su espacio dentro de la política oficial.
Esta lógica termina con todo y con todos los que anteponen la razón al verticalismo. Así hoy, aparece el caso de la Diputada María del Carmen Alarcón, Presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, a quien se le ha pedido la renuncia a su cargo por sus pares del bloque oficialista. La argumentación es: colocar en ese lugar a “alguien que defienda las políticas del Poder Ejecutivo”.
En síntesis, pareciera no importar la imagen de las instituciones (principalmente el principio constitucional de división de poderes), ni la construcción de la institucionalidad. Estamos, así, en el camino del debilitamiento de la República, del alineamiento vertical, la exteriorización de un manejo de poder demoledor, que asegure “una tropa sumisa” y la continuidad de la discreción sin límites como postulado básico del momento político actual.
Más allá de la labor consecuente de la Sra. Diputada Santafesina en representación de sus mandantes en el Congreso de la Nación, es necesario reivindicar su renovación junto a las demás autoridades al frente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados realizada hace menos de tres meses, como elemental signo de estabilidad democrática, y consecuentemente mostrar que nuestro sector no es un enemigo sino un digno representante de una Argentina que pretende consolidarse como “República” abierta al mundo, competitiva, sustentable y socialmente justa.
Jorge Romagnoli – Presidente de AAPRESID.
DNI: 11.069.093
