La decisión del Partido Justicialista de Córdoba de cancelar su lista de postulantes a diputados nacionales, que no llevaba fórmula presidencial (la llamada boleta corta), ha consolidado como representantes ante el Congreso de la Nación a los postulantes del Frente Para la Victoria (FPV).
Dicho de otra forma, el justicialismo cordobés, y con ello el pueblo de Córdoba, carecerá de representación en el Congreso. Está probado hasta el cansancio que los diputados del FPV no representan los intereses del pueblo de su provincia, sino que responden a los designios, órdenes e intereses de la Casa Rosada.
Es tal el divorcio que existe entre los intereses de Córdoba y los del Gobierno nacional (no digo el Estado) que basta analizar el ataque permanente que ha implementado para entorpecer el desarrollo del complejo cárnico, granario y lechero, que es base de la economía cordobesa. La maniobra se ha llevado a cabo mediante la aplicación de ROE (Registro de Operaciones de Exportaciones), que son las trabas ideadas para la comercialización de la mayor producción cordobesa.
Estos legisladores respaldan los proyectos del Ejecutivo Nacional y en carpeta tienen la prórroga de la ley de emergencia que es la continuidad de los llamados “superpoderes”, el impuesto al cheque, la nacionalización del comercio de granos, etc. Con ello esperan consolidar el sistema de concentración de poder político y económico en la Casa Rosada, deteriorando el federalismo, facilitando el sometimiento de nuestra provincia en detrimento de sus intereses y en resguardo de las políticas que diseña el Ejecutivo Nacional.
El Partido Justicialista de Córdoba, con aquella decisión, nos ha privado a muchos cordobeses de la posibilidad de elegir representantes ante el Congreso que tengan coincidencia con los postulados que formuló el propio justicialismo cordobés durante la campaña basada precisamente en el slogan Primero Córdoba.
Los legisladores del Frente para la Victoria han demostrado desde el año 2003 que ellos tienen una consigna inversa: primero la Rosada, o las políticas que delinean Guillermo Moreno, Hugo Moyano, Julio De Vido, Amado Boudou o Cristina, cambiando las reglas del juego según el humor del día a día.
El cristinismo responde a una lógica distinta a la que (al menos yo lo creí así) garantizaba el justicialismo cordobés, dispuesto a ser convocado para construir, para dialogar, pero no para continuar con la teoría del conflicto permanente.
Más aun, con la decisión adoptada, el justicialismo de Córdoba asume la total responsabilidad si luego los legisladores cristinistas —que ha hecho propios— se conducen, como seguramente así ha de ser, como soldados de Cristina, aun en detrimento de los intereses cordobeses.
Haber mantenido la lista nos habría dado la oportunidad de elegir y de deslindar la responsabilidad del propio justicialismo cordobés si a la postre los legisladores del Frente para la Victorio no responden a las necesidades del pueblo de nuestra provincia. Al levantar la lista propia, no podrán decir nosotros les dimos la oportunidad y el pueblo votó otra cosa.
El próximo gobierno de Córdoba será rehén de la Nación, como los de muchas otras provincias. Se imposibilita construir un puente de contención con Santa Fe y otras provincias contra el permanente centralismo nacional, en detrimento del federalismo.
Bajar la lista de diputados desnuda también un acuerdo oculto que pone en evidencia que aquella imagen de autonomía e independencia ante los embates del kirchnerismo no era, lamentablemente, real.
Nadie pretende inmolarse frente al respaldo obtenido por la Presidenta en las primarias. Sin embargo, bregamos por una Córdoba Republicana y Federal, capaz de convivir institucionalmente con la Nación, pero de pie con sus convicciones, su dignidad y en resguardo de los intereses de su pueblo.
* Dirigente agropecuario de la provincia de Córdoba
