En el Senado, macristas como Alfredo de Ángeli (Alianza Unión por Entre Ríos) y Gabriela Michetti (Alianza Unión Pro-CABA), pero también legisladores de otros bloques, como Blanca Monllau (UCR-Catamarca), Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Fed.-San Luis) y Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), pidieron bajar los derechos de exportación del 15 al cinco por ciento a la molienda seca del maíz para fomentar su producción y dejarla en un plano de igualdad con otras industrias que, como esta cadena, agregan valor a lo largo del proceso de elaboración.
“El principal fundamento para promover la reducción de las retenciones a los productos que nos ocupan surge en el año 2007, momento en el cual la Aduana reclasificó a la harina fina de maíz fortificada (harina premezcla) y la colocó en una posición correspondiente a las preparaciones alimenticias, sobre las cuales se aplica un derecho de exportación del 5 por ciento”, asegura el texto del proyecto de ley.
Los senadores agregaron: “Esta reclasificación dio un gran impulso a la exportación de harina premezcla, básicamente a Angola, país que se erigió en el principal importador de los derivados de la molienda seca”.
“Hoy encontramos un mercado interno que por diversos factores se contrajo y tiene dificultades para posicionarse exitosamente en el mercado externo por la alta presión fiscal sobre los derechos aduaneros para su exportación”, sostuvo De Ángeli al fundamentar la necesidad de bajar las retenciones.
La Argentina es uno de los principales productores mundiales de maíz y la presencia de la molienda seca es un factor dinamizador de muchas economías locales. En determinadas localidades es incluso la única industria existente. Los molinos afectados a esta actividad pertenecen en su gran mayoría a pymes de índole familiar.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados, el ex gobernador Juan Schiaretti (Unión por Córdoba), solicitó eliminar las retenciones y los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) aplicables a las distintas variedades de trigo y a sus productos derivados.
“En la última década, la participación del trigo en el área sembrada nacional también cayó pasando entre 2001/02 y 2012/13 del 26 al 9 por ciento. En gran parte, la razón de dicha caída se encuentra en la aplicación de dos mecanismos de desincentivo a la producción: los Derechos de Exportación -vigentes desde 2002- y los ROE. Dichos mecanismos han deprimido los precios de forma permanente, reduciendo la previsibilidad del mercado en que se comercializa la producción”, aseguró el legislador.
“Las caídas de producción impactan mayormente en las exportaciones, ya que la demanda interna es relativamente rígida”, explicó, al recordar que el principal destino de las ventas argentinas de trigo es Brasil.
Schiaretti consideró “necesaria” la puesta en marcha de políticas públicas para incentivar la siembra y el agregado de valor y, en consecuencia, “generar mayor cantidad de puestos de trabajo, nuevas inversiones, mayor recaudación e incrementos en los volúmenes exportados”.El trigo constituye uno de los principales cultivos nacionales. En las últimas dos décadas, su superficie sembrada mostró comportamientos dispares. Creció hace 20 años, alcanzando su valor máximo en la campaña 1996/1997 de 7,4 millones de hectáreas sembradas. Luego, a partir de la campaña 2000/2001 su área comenzó a caer, descendiendo, en la campaña 2012/13, hasta 3,4 millones de hectáreas sembradas y una producción de 8,5 millones de toneladas.
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