El tema de los incendios en la Argentina comenzó a ganar lugar en la agenda pública desde hace meses, con los primeros focos localizados en el Delta del Paraná, que generó un gran debate entre las provincias involucradas (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires) y el Ministerio de Ambiente de la Nación que conduce Juan Cabandié.
Fue tal el problema que generó, que fue necesaria la intervención de la Corte Suprema Argentina, que obligó a crear de forma “urgente” un Comité de Emergencia Ambiental.
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Pero el tema no iba a quedar ahí, y mientras los pastizales del Delta ardían y llenaban de humo a las ciudades de Rosario y Victoria, una sequía contundente se desarrollaba en gran parte del país. Sumado a otras condiciones meteorológicas como vientos fuertes, altas temperaturas y heladas inesperadas, los suelos fueron perdiendo humedad y los focos de incendio comenzaron a aparecer por toda la Argentina.
Hacia fines de agosto las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Misiones ya tenían todos los cuarteles de bomberos ocupados.
Sin embargo, un informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) generó aún más preocupación en la sociedad, porque según el relevamiento del organismo “el 95% de los focos de incendio se originaron en intervenciones humanas”.
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Poco a poco los primeros señalados como “responsables” fueron los productores rurales y los negocios inmobiliarios. ¿Por qué? Unos porque supuestamente prenden fuego su campo para renovar los pastizales silvestres y naturales que crecen en el Delta; y los segundos para poder “limpiar” tierras sin responsabilidad jurídica (está prohibido el desmonte en ciertas áreas protegidas de nuestro país), que luego compran a precios bajos y lotean para proyectos edilicios.
Con este combo en la agenda pública y miles de hectáreas y animales arrasados por el fuego, el diputado nacional Máximo Kirchner decidió presentar un proyecto de Ley para modificar la Ley 26.815, denominada “Manejo de Fuego”.
El primer aspecto central que determina el proyecto (al pie de esta nota encontrará el proyecto completo) es “prohibir por el término de 60 (sesenta) años desde su extinción:
a) Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio;
b) la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares;
c) la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y,
d) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.”
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Críticas de CRA
Ahora, en un nuevo capítulo de “Argentina On Fire”, Confederaciones Rurales Argentinas emitió un duro comunicado criticando el proyecto de Ley del hijo de la vicepresidente, sosteniendo que “no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio, es decir se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble”.
Para los confederados la Ley además genera un “doble castigo”, porque por un lado el productor sufre el incendio de su campo (considerando todos los problemas económicos y ambientales que esto conlleva), y por otro, se hace responsable jurídicamente del incendio.
“Llama la atención la manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”, asegura la entidad.
Es por esa razón que los ruralistas pidieron tanto a diputados como a senadores, que rechacen esta modificación normativa, calificada por los confederados como “carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio, que, como se ha demostrado muchas veces obedece a la intencionalidad de terceros”.
El proyecto de Máximo Kirchner
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