Con la firma de los cuatro presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace –Jorge Chemes (CRA), Nicolás Pino (SRA), Carlos Achetoni (FAA) y Elbio Laucirica (Coninagro)–, se presentó ante la Justicia finalmente el pedido del ruralismo para frenar por esa vía el pago del bono de fin de año impuesto por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo nacional dispuso, a fines del año pasado, que todos los empleados que cobraran menos de $ 185.859 mensuales, cobraran un monto obligatorio de $ 24.000.
Pero sobre ese valor, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) logró presionar al Gobierno para forzar por mayoría a que la CNTA disponga un adicional de $ 26.000, conformando un total de $ 50.000 a pagar a aquellos que cobren menos de $ 159.859 (y un monto proporcional para los que perciban hasta $ 185.859).
Esta decisión generó una nueva disputa con la Mesa de Enlace, que presentó -junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)- un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo para impugnar la medida, del que aún no obtuvieron respuesta, y ahora decidió directamente avanzar por la vía judicial.
En concreto, lo que solicitan desde el ruralismo es una medida cautelar autónoma contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a efectos de que disponga la suspensión de los efectos de la resolución 230/2022 de la CNTA, que impuso la asignación extraordinaria ya mencionada, al menos hasta que el Ministerio se expida sobre la impugnación.
ARGUMENTOS
Para defender su presentación, la Mesa de Enlace sostiene, entre otras cosas, que la resolución de la CNTA “padece de gravísimos vicios en sus elementos de procedimiento, competencia, causa, motivación y finalidad, que la invalidan en forma absoluta e insanable”.
El ruralismo insiste en que todo el procedimiento para alcanzar la aprobación de esta resolución fue ilegítimo, porque vulneró la buena fe negocial en un ámbito en el que el general las decisiones surgen por consenso, y porque surgió de negociaciones paralelas fuera del ámbito de la CNTA, entre el gremio y el Gobierno.
La Mesa de Enlace también advierte que las demoras en este proceso hacen que los trabajadores rurales no puedan cobrar el monto de $ 24.000 dispuesto por el Poder Ejecutivo y sobre el que no se ha hecho ningún reclamo.
