Por estos días, la Justicia Federal investiga de lleno una trama de irregularidades en el registro y tránsito de animales, descubierta por dos productores agropecuarios en Salta. El caso afecta al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La investigación surgió por denuncias de una productora y una fundación del rubro, a las que se sumó el resultado de una auditoría del organismo, con lo que la oficina ubicada en la localidad de Joaquín V. González es en estos momentos la principal apuntada.
En el trabajo judicial intervienen el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, bajo la supervisión de la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez.
¿Quiénes son los acusados?
- Raúl Francisco Díaz Pardo, el Coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA
- Sergio Miguel Achtar, inspector profesional y encargado de la oficina de SENASA
- Natalia Gramajo, secretaria administrativa de dicha sede.
“Los tres acusados quedaron cesantes a fines de junio pasado, por una medida adoptada por el organismo nacional”, señalaron en uno de los sitios oficiales del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Por ahora, los acusados enfrentan una imputación penal por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en “concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos requerida contra tres exfuncionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)”.
¿CÓMO SE INICIÓ LA ACUSACIÓN?
Este verano, el pasado 3 de enero, se establecieron dos denuncias. En la primera, Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación “Ganaderos del Sur”, el ente sanitario a cargo de campañas de vacunación y emisión de documentos electrónicos de transporte de ganado.
Luego, un familiar de una productora de la zona sumó otra acusación.
“En ambos casos, los denunciantes apuntaron contra los responsables de la oficina de SENASA ubicada en Joaquín V. González”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Hoy la Justicia busca esclarecer los hechos, pero por estas horas maneja la hipótesis de una anomalía en los stocks ganaderos en el SIGSA, el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal.
“Advirtió que la cantidad de animales en su poder no coincidía con el stock, tenía consignado un número menor al real”, indicaron.
Esa primera señal de alerta derivó en el descubrimiento de que se había emitido a nombre de una de las víctimas un Documento de Tránsito Electrónico (DTE) de equinos. Allí constaba el movimiento de animales de su propiedad con destino a una firma ubicada en la provincia de Entre Ríos.
Dicha operación fue inmediatamente desmentida por la denunciante. Y además se constató de una repetición de al menos cuatro veces la misma operación.
“Por su parte, Ortiz de Urbina denunció otros dos casos similares, aunque uno de ellos con la particularidad de que se había gestionado un documento de tránsito a nombre de un productor fallecido en 2013”, sumaron.
EL ROL DE LA CONDUCCIÓN DEL SENASA
Según se informó, los investigadores acudieron a las autoridades nacionales de SENASA. Las mismas no sólo confirmaron lo denunciado a partir de informes, sino también revelaron “otros numerosos casos similares”.
Desde la fiscalía explicaron que SENASA “realizó dos auditorías y detectó las irregularidades denunciadas”, entre ellas nuevos casos de gestiones a nombres de productos fallecidos.
Entre las irregularidades advertidas, indicó que los trámites no poseían firmas, ausencia de nombres ni otros datos personales exigidos para la emisión de la documentación que los productores deben presentar, a modo de guía, de los animales en tránsito.
“No sólo se refleja de las mismas una maniobra espuria, sino de afectación a la salud, pues se movió ganado, del cual se desconoce su origen y mucho menos si cumplía con los controles sanitarios, como por el ejemplo, contra la fiebre aftosa”, apuntaron.
Las defensas, en tanto, no presentaron objeciones, sino precisión respecto a algunos de los hechos imputados, tras lo cual la jueza dio por formalizado el caso.
