Luego de varias protestas en Paraná, Crespo y otras zonas productivas, la Justicia de Entre Ríos decidió legitimar el Decreto 2239/19 para las aplicaciones y no avalar la acción de amparo que presentaron los ambientalistas, que pretendía declarar la nulidad de los artículos 2º, 3º y 4º de esa normativa.
De esta manera, el Superior Tribunal hizo lugar a la apelación del Estado provincial en relación a la causa “Foro Ecologista de Paraná (3) y otro C/Superior Gobierno de Entre Ríos S/Acción de Amparo”, que dejaba “más de 300 mil hectáreas productivas liberadas”, según denunciaron los chacareros.
De todas maneras, los jueces apuraron al gobierno provincial para que en 20 días hábiles “subsane” el artículo 2 del decreto en relación a las distancias de aplicación. La idea es que las mediciones sean “a partir de la barrera vegetal”, que deberá estar a 150 metros de las escuelas rurales, y no desde el centro del casco de los establecimientos educativos.
