El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, reclamó una rebaja de Ingresos Brutos y un empadronamiento de las carnicerías por vía informática de AFIP para terminar con la evasión en el sector cárnico.
“El sector espera que se avance en la resolución de los verdaderos problemas que tiene la cadena. Es necesario introducir cambios en la presión fiscal que reduzcan la informalidad. También el Senasa debe ejercer sus facultades de control sobre el funcionamiento de la industria”, expresó Urcía en un comunicado.
En ese sentido, indicó que la actividad espera novedades “superada la instancia de las elecciones el 22 de octubre”, dado que se trata de “temas muy sensibles y claves para el trabajo de la cadena de ganados y carnes”.
“El control y fiscalización no se agota solamente en las pseudo-cooperativas, sector en el cual entendemos que se ha avanzado y se han regularizado algunas plantas, habiéndose reducido en forma importante la participación de ese modelo de gestión en la faena total de la provincia de Buenos Aires y el país”, remarcó el dirigente, y consideró que “confundir al problema de la cadena con las pseudo-cooperativas significa errar completamente en el diagnóstico y por ende en su tratamiento”.
Sobre ese tema, afirmó que “la cadena, junto con las autoridades, hemos identificado a la presión fiscal como el detonador de la marginalidad. Eso nos llevó a trabajar en distintos niveles con las jurisdicciones locales (provincias) para reducir alícuotas de ingresos brutos y otras tasas (Municipales, SENASA y otras) que incrementan el precio de venta de la carne y conllevan a acciones evasoras o elusoras. La definición de la alícuota de ingresos brutos en ésta época del año, donde se definen las leyes impositivas es crucial para el avance de la transparencia”.
“La carne tiene una ponderación especial en la construcción del índice de precios pero no tiene la misma incidencia en la definición de las alícuotas impositivas. Desde FIFRA consideramos que al ser un producto sensible para el consumidor argentino, que en tal sentido tiene una alícuota reducida de IVA debería tener una alícuota mínima de Ingresos Brutos. Además con todas las jurisdicciones que nos hemos reunido nos han reconocido que les resulta muy difícil la fiscalización y en consecuencia recaudan muy poco, en su mayoría los aportes mínimos”, disparó Urcía.
Y recordó que “la reducción de alícuota para los matarifes abastecedores por parte de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires con vigencia a partir del 01/01/2017 permitió el blanqueo de operadores y mejoró la recaudación”, por lo que señaló que “ahora es el turno del comercio minorista y que todas las jurisdicciones restantes adopten políticas similares”.
“En ese sentido el empadronamiento de las carnicerías en un registro ágil y sencillo que se haga por vía informática de AFIP vendría a establecer los puntos de ventas a los cuales Frigoríficos y Matarifes estarían facultados a facturar. Es decir un registro inmediato y de fácil instrumentación. Consideramos que para ejecutar cambios no hace falta desarrollar sistemas muy sofisticados con desarrollos científicos que demoran su implementación, disminuyendo la presión fiscal se reduce drásticamente la evasión y la competencia desleal. Tratar de detectar un mosquito cuando pasan elefantes por delante no sería la estrategia adecuada”, propuso.
Por último, indicó que “es necesario avanzar en la regularización sanitaria de los establecimientos de faena unificando a todos en la categoría Mataderos-Frigorificos tipo “A”, eliminando las categorías (B-C y Rural) de habilitaciones provinciales y municipales”.
En cuanto al Senasa, el titular de Fifra dijo que “debe ejercer sus potestades, que dejó de ejercer producto de las influencias ‘políticas’. A nuestro criterio tiene facultades para ingresar y clausurar cualquier matadero en el país, siempre que no estén dadas las garantías sanitarias de faena que aseguren la inocuidad de la carne y ponga en riesgo la salud de la población. Si alguna autoridad sanitaria local entendiera lo contrario debería tener que probarlo ante la Justicia”.
“El camino fácil durante décadas ha sido el de no meterse cuando un matadero es habilitado por una Provincia o Municipio, es tiempo de CAMBIAR”, cerró.
