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La industria frigorífica cuestionó duramente al Gobierno por la falta de control en la cadena

La Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina denunció el accionar de los Ministerios de Trabajo y Agroindustria, a la SUCCA, el Senasa, la AFIP y el INAES por beneficiar especialmente a pseudo cooperativas manejadas por grandes matarifes.

infocampo

La Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) cuestionó duramente a los distintos estamentos del gobierno nacional vinculados con el control comercial en materia pecuaria.

Desde CICCRA, señalaron que pasados dos meses desde que la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) iniciara y pusiera en funcionamiento el nuevo sistema de comercialización de ganado vacuno, había en la Cámara una “enorme satisfacción entre las empresas formalmente organizadas, dado que los análisis preliminares indicaban una altísima adhesión al sistema”.

Según datos extraoficiales de la AFIP el cumplimiento del pago a cuenta fue superior al 98% en el primer mes, restando aún datos definitivos del pago del total de IVA de marzo.

“Este cumplimiento de porcentajes tan elevado generaría la desaparición de las desigualdades que existían cuando una gran cantidad de operadores comercializaban en la clandestinidad. Pero, lamentablemente, ante las indicaciones y contraindicaciones recibidas desde las altas autoridades del ministerio de Agroindustria, esta semana la SUCCA (Subsecretaría de Control Comercial Agropecuaria) ha reabierto el Frigorífico de Suipacha, luego de las insistentes e incomprensibles presiones ejercidas por el Intendente de esa localidad, Alejandro Federico. Antes de presionar en los niveles provincial y nacional, rechazó la oferta de la instalación de un Matadero de cerdos en ese establecimiento que generaba la ocupación directa de 90 trabajadores y una inversión de más de 60 millones de pesos”, indicaron desde CICCRA en el editorial que introduce a su informe mensual de comercialización del sector.

Para la Cámara, las autoridades de AFIP y del ministerio de Trabajo, “a instancias de funcionarios de la Jefatura de Gabinete, han decidido cazar en el Zoológico, aumentando la presión de fiscalización en aquellas empresas que se han comprometido con la aplicación de la nueva normativa implementada por la SUCCA, en lugar de aumentar la presión de fiscalización sobre las seudo-cooperativas de la industria , que con la complicidad del INAES, continúan desarrollando su actividad evadiendo impuestos nacionales, provinciales, previsionales y manteniendo cautivos a sus operarios en una condición de casi esclavitud, lo hacen sobre la industria formal”. Asimismo, señaló que tampoco se están fiscalizando a los pequeños frigoríficos. “Todo el sector sabe cuáles son las empresas que operan en negro”, remarcó CICCRA.

De acuerdo a la entidad, “es incomprensible el accionar del SENASA en el tratamiento que les da a las mismas seudo-cooperativas, manteniendo abiertas algunas plantas luego de que el informe del inspector del organismo sanitario dice que la planta es inviable y, por otro lado, y repentinamente, desarrolla una política de control sobre el grupo de frigoríficos dedicados al consumo que apoyan y cumplen con las nuevas formas de recaudación”.  En su editorial, la Cámara acusa al SENASA, “de mirar para otro lado a frigoríficos marginales y de presionar con auditorías sanitarias y hasta contables a los industriales asociados a nuestras entidades, genera un efecto de pinzas sobre el sector formal del consumo”. Y señala “que perduran aún elementos que son distorsivos y generan ventajas a aquellos usuarios de faena inescrupulosos”.

En este sentido, CICCRA apuntó los cañones contra las cooperativas. “El principal es el de aquellos usuarios de faena que operan en Cooperativas. Como hemos denunciado en reiteradas oportunidades, las llamadas “cooperativas” de la industria frigorífica en la práctica son empresas comercializadoras manejadas por grandes matarifes que utilizan la figura jurídica de cooperativa de trabajo para ahorrar costos laborales e impositivos y así competir deslealmente. Como resultado, los trabajadores inscriptos como cooperativistas reciben salarios de miseria, carecen de seguridad social, ART, seguro de accidentes y de todos los beneficios del empleo formal. Los operarios de esas seudo-cooperativas son rehenes con ingresos de esclavos. Lo más lamentable es que cuentan con la histórica protección del INAES”, detallaron desde la Cámara.

La industria frigorífica, reconoció que al principio de esta Administración, tenían esperanza de que el INAES interviniera activamente para regularizar la situación. “Lamentablemente no ha ocurrido y hoy el ente que debe verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones continúa sin intervenir para evitar que cooperativas de trabajo comercialicen carne y subproductos incumpliendo el objeto principal de la cooperativa”, denunciaron.

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