Aún sigue sin resolución una denuncia presentada en 2003 por el ex director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, en la cual se menciona el presunto “otorgamiento de beneficios indebidos en que incurrieron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad en el contrato asignado a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A.”. La causa se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal N° 4, a cargo del Dr. Ariel Oscar Lijo. Entre las irregularidades indicadas por Garrido, se menciona el hecho de que el llamado a licitación de la obra jamás fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación. En 1999 la Nación se comprometió a incluir una partida de hasta 90 M/$ en el Presupuesto Nacional del año 2000 para financiar las obras. Sin embargo, la firma Benito Roggio resultó ganadora de la licitación con una oferta de 104,80 M/$. La cuestión, entonces, es quién se iba a hacer cargo de los 14,8 M/$ restantes. La respuesta no tardó en llegar. Una vez adjudicada la obra a Roggio, la Dirección de Vialidad de Jujuy emitió una resolución por medio de la cual se le concedió a dicha empresa constructora una reducción de las tareas a las que se hallaba obligada. Esas tareas -gran casualidad- tenían un costo de 14,8 M/$. La denuncia de Garrido dice que “parece claro que la empresa Benito Roggio dirigió unilateralmente el desarrollo contractual, al pedir un anticipo improcedente y ofrecer a cambio las ventajas que consideraba oportunas. De contraparte, encontró, lamentablemente, autoridades demasiado dóciles frente a sus pedidos”. El principal funcionario involucrado en la denuncia es Aníbal Rubén Rothamel, quien por entonces se desempeñaba como Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad.
Ezequiel Tambornini
