Los titulares de la Comisión de Enlace Agropecuaria indicaron ayer que comparten los objetivos del gobierno en lo referente a mejorar la salud y la vivienda, pero indicaron que esto no puede ser usado como excusa para seguir aplicando una carga tributaria abusiva sobre los productores.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer la creación de un ‘programa de redistribución social’ destinado a la construcción de hospitales públicos, viviendas y caminos rurales, que se financiará con lo recaudado por el diferencial resultante entre el 35% y la alícuota móvil aplicada a la soja.
‘Compartimos el destino que se le quiere dar a los fondos’, indicó Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales (CRA), para luego agregar que ‘nos queda la duda de si estos hospitales son los que estaban previstos en los presupuestos’.
‘Nos sentimos complicados con el origen de los fondos, porque en la Argentina existen muchos sectores que tienen tanta renta como el agropecuario’, agregó Llambías durante una conferencia de prensa ofrecida en la Defensoría del Pueblo de la Nación junto a Eduardo Buzzi de FAA, Luciano Miguens de SRA y Fernando Gioino de Coninagro.
‘El monto de las retenciones está tomando características confiscatorias; se le está quitando plata al interior; esto no deja que el reclamo que hemos hecho siga siendo válido’, comentó el dirigente de CRA.
Llambías además expresó que ‘con esto no se solucionan (los problemas de) los mercados a término, el de los productores que están más alejados de los puertos, el de los pequeños y mediados productores; diferimos con la presidenta en que este es un sector con una ganancia extra’.
‘Tenemos que volver a hablar (con el gobierno); ojalá algún día podamos hablar de forma correcta y entendernos para poder reencontrar soluciones que el campo, el país y hoy diría hasta el mundo está esperando de nosotros’, solicitó.
Por su parte, Eduardo Buzzi dijo que ‘nadie cuestiona en qué se va usar la plata, pero, tal como dijo (Arturo) Jauretche, o es para todos el invierno o es para todos la cobija, porque el esfuerzo sigue siendo siempre de los mismos’.
‘Algunos de los empresarios en el Salón Blanco (de la Casa de Gobierno) estaban aplaudiendo como le sacan la plata a otro’, dijo Buzzi en referencia a los industriales y banqueros presentes en el acto oficial (los dirigentes del agro no fueron invitados).
‘Me parece que el esfuerzo debe ser mas parejo’, comentó el dirigente de FAA, para después agregar que ‘lo que se está haciendo es consolidar el mecanismo de los pooles de siembra’ porque en las actuales condiciones ‘sólo se puede seguir (produciendo) si se tiene una gran escala; por lo tanto, dicen una cosa, pero las medidas terminan consolidando aquello que se denuncia’.
‘La cuestión es ver la manera de que haya más productores y no más concentración’, apuntó. ‘Seguimos en estado de alerta y movilización continua; la Mesa de Enlace (Agropecuaria) está en sesión permanente y esperamos el llamado del gobierno para poder discutir’ estos temas.
‘La presidenta dijo que hoy que convocada a todos los sectores y que nadie debe estar ausente (en esa convocatoria), por lo tanto, sería importante que nos notifiquen una convocatoria para discutir política agropecuaria en serio’, remarcó Buzzi.
‘En algunas zonas productivas hubo sequía (en el ciclo 2007/08) y ahora (con el comienzo de la campaña 2008/09) hay de nuevo sequía, y se tienen que arreglar solos; el Estado es socio en las ganancias, pero en las pérdidas nunca, entonces cómo no va a haber bronca’, explicó el presidente de FAA.
En tanto, Luciano Miguens dijo que ‘las retenciones móviles las consideramos una medida confiscatoria e inequitativa’ y agregó que ‘a la gente que está en las rutas, les decimos que tenga un poco de paciencia en estos días; el doctor (Eduardo) Mondino convocará mañana al gobierno y (además) mañana le pedirá una audiencia a la presidenta’ Cristina Fernández de Kirchner.
‘Tenemos ya una serie de restricciones impositivas y de exportación para lograr que los productos lleguen al consumidor a precios razonables’, explicó Miguens, para luego añadir que el principal reclamo del agro consiste en reclamar por una alícuota (en referencia al derecho aplicado a la soja y el girasol) que consideramos confiscatoria.
Hoy lunes el derecho móvil aplicado al poroto de soja se ubicó en 44,3% sobre un precio FOB oficial (Sagpya) de 505 u$s/tonelada, mientras que el derecho móvil sobre el girasol fue de 41,2% sobre un precio FOB oficial de 600 u$s/tonelada.
