Sin previo aviso, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de una importante empresa nacional: la cerealera Vicentin. Al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial, las estrategias tanto del oficialismo como de la oposición cambiaron, la agenda legislativa que ya se venía desviando de la pandemia por el coronavirus, giró 180 grados.
Desde el 9 de junio pasado, cuando Alberto Fernández acompañado por Matías Kulfas y la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza) comunicó la intervención transitoria de la empresa por 60 días, así como también la nueva gestión a través de YPF Agro, con Gabriel Delgado como interventor, aún se espera que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de ley para la expropiación de la empresa.
Este proyecto la declararía de utilidad pública, permitiéndole al Estado hacerse cargo de la misma y conseguir que los activos de la institución pasen a formar parte de un Fondo Fiduciario a cargo de YPF Agro a crearse.
Los días pasan y aún se desconoce si efectivamente ingresará el proyecto de expropiación -el DNU por la intervención ya ingresó y fue girado a la Comisión Bicameral de decretos presidenciales-, pero las especulaciones por los votos y la contienda para lograr mayorías ya se desató.
Mientras tanto, la Cámara de Senadores avanzó con un primer paso: en una sesión virtual, el oficialismo aprobó con 41 votos positivos -Juntos por el Cambio se opuso con 29 votos en contra- la creación de una Comisión Bicameral que investigará la relación entre el Banco Nación y Vicentin por sucesivos créditos aprobados por la entidad bancaria.
El proyecto, impulsado por Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) y girado a la Cámara de Diputados, propone investigar si existieron operaciones de lavado y subfacturación de exportaciones, así como también prevé conocer la relación de la empresa con Uruguay y Paraguay, y analizar el rol de los organismos de control (UIF y BCRA) en el procedimiento en el otorgamiento de los créditos, datos de facturación y pasivos en moneda extranjera.
La senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT-Santa Fe), quien actuó como miembro informante en el recinto, señaló que la comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, y que tendrá una duración de 18 meses, con posibilidad de extenderse por seis meses más.
Escenario de votación posible Senado
En el Senado, el bloque del Frente de Todos tiene la mayoría, es decir superan los 37 senadores que garantizan el quórum para poder sesionar. Con 41 senadores propios -contemplando a José Alperovich (FdT-Tucumán), quien se encuentra de licencia- podrían sumar dos posibles aliados extra: la misionera Magdalena Quintana (Frente de la Concordia-Misiones) y el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro-Río Negro), que vienen acompañando al oficialismo en todas las votaciones.
En la vereda opuesta, el interbloque de Juntos por el Cambio cuenta con 26 votos propios, con posibilidad de ampliar su número a 31 con la ayuda de senadores aliados; pero aunque así fuera, los números no alcanzan. Sin embargo, fuentes de la oposición manifestaron que acortar la brecha entre los votos afirmativos y negativos podría modificar el escenario en la Cámara Baja al momento del tratamiento del proyecto.
El panorama en Diputados
En la Cámara Baja el escenario es más incierto, lo que podría llegar a ser una ventaja para la oposición. Por un lado, el Frente de Todos no cuenta con la mayoría: para que se habilite el debate requieren 129 votos, pero, al momento, cuenta con 119 bancas propias. Si bien se estima que pueden cosecharlos desde bloques aliados, la opinión pública estaría generando ciertas inquietudes en algunas figuras.
El Interbloque Federal (11 diputados) aún no definió una decisión conjunta, pero, su referente Roberto Lavagna cuestionó la expropiación. Mientras tanto, sus legisladores preparan un proyecto alternativo que podría incluir la creación de una corporación con participación público-privada, que incluya también a las cooperativas y a los trabajadores.
En la misma sintonía, el bloque de Unidad Federal para el Desarrollo – ex aliados PRO- (8 diputados) tampoco tiene un discurso claro, aunque hay cierta tendencia a inclinarse por el gobierno.
Por último, el Frente de Izquierda posiblemente acompañe al oficialismo dando quórum, pero no votaría el proyecto favorablemente ya que recientemente presentaron una iniciativa propia.
Hasta hace un mes, el inminente ingreso del proyecto de ley de expropiación era un hecho, pero en las últimas semanas, producto de la intervención judicial y la movilización social, la iniciativa entró en un letargo, aunque el oficialismo no se quedó de brazos cruzados y mientras tanto arremetió con la creación de la bicameral para investigar el origen de las deudas durante la última gestión.
