La energías renovables se convirtieron en también aliados de la producción agropecuaria en muchas zonas.
La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) alerta que la tasa municipal, llamada también “impuesto al viento”, que pretende imponer Puerto Madryn (Chubut) genera graves perjuicios económicos sobre los proyectos que fueron construidos en la zona.
En este sentido, la Cámara hace referencia a la ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, que obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar millonarias sumas de dinero que no fueron previstas en sus propuestas de inversión, ocasionando serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector.
Para tomar dimensión de su impacto, CADER estima que un parque eólico de potencia promedio (100 MW) se vería obligado a pagar 20 millones de dólares.
Juan Manuel Alfonsín, director ejecutivo de CADER, aseguró que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.
De prosperar esta situación, la provincia de Chubut avanzaría en una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191
La Ley 27.191, normativa que prevé la posibilidad de trasladar al precio de venta de energía cualquier impuesto, tasa o gravamen- sea nacional, provincial o municipal – que se incorpore a posteriori de la firma del contrato PPA, lo que terminaría impactando sobre toda la demanda de energía eléctrica nacional.
“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó.
Desde el punto de vista jurídico, Alfonsín agrega que el “impuesto al viento” carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn.
Ante esta situación, CADER reclama la colaboración del Gobierno Nacional: “Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”.
