La Bolsa de Comercio de Rosario y sus entidades adheridas vinculadas a la cadena agroindustrial dieron a conocer su disgusto y malestar por el tratamiento “relámpago” que tuvo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que incrementa “los impuestos sobre los ingresos brutos e inmobiliario sobre la comercialización de productos agrícolas y actividad financiera, que fue presentado por un grupo de legisladores provinciales el día jueves 11 de octubre y que fue aprobado en dicha cámara en el día de ayer”, informaron.
“El proyecto impulsa un incremento en las alícuotas de Ingresos Brutos para el comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes, y estableciendo una alícuota de 0,75% del mismo tributo para la comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosas y cualquier otro producto agrícola efectuada por cuenta propia por los acopiadores, cuando se supera determinado nivel de facturación”, sostuvo la BCR.
Asimismo, “en materia de impuesto inmobiliario plantea un adicional del 300% para todos aquellos inmuebles sean utilizados en el desarrollo de actividades de comercialización y acopio de productos agrícolas, de transformación de cereales y oleaginosas así como de actividades efectuadas por bancos e instituciones financieras”, indica el comunicado de la Bolsa.
La Bolsa señaló que “esta nueva carga tributaria recaerá sin dudas sobre las espaldas de los productores agropecuarios, quienes sufrirán una disminución de los precios que reciben por su producción, un incremento en el precio de compra de los insumos necesarios para la implantación de los cultivos y un aumento de los costos de acondicionamiento de los granos que comercializa a través de acopios.
Por otra parte, “la entidad bursátil expresó su disconformidad por el hecho de que, existiendo una Mesa de Análisis Tributario en la que participan todos los sectores representativos de la economía provincial y funcionarios del área financiera y de la Administración Provincial de Impuestos, se diera media sanción a esta reforma, sin escuchar razones ni evaluar el impacto que provocará en la actividad productiva”, detallaron.
Y concluyeron: “Parece que la única forma que encuentran nuestros legisladores de equilibrar las caídas de recursos es mediante mayores cargas sobre los contribuyentes que producen, lo que podría terminar provocando una reducción de las cosechas”.