El kirchnerismo en el poder ha ido invadiendo todas las esferas de la vida pública, social e institucional de la Argentina. La vulneración de la independencia de los poderes de gobierno es otra muestra más de la lógica antirrepublicana de gestión que la década K ha impreso en la dinámica política actual.
En el mismo sentido que socavó la independencia del Poder Legislativo, que vulneró los derechos individuales, que apretó a las empresas, que condicionó la libertad de expresión y que persiguió a los que piensan distinto, ahora el gobierno avanza desenfrenadamente contra la Justicia independiente. Los proyectos presentados esta semana tienen como objetivo la construcción del monopolio del poder anulando el pluralismo. Es la transformación de la República en un solo poder dominado por el Ejecutivo.
El escenario político se transformó paulatinamente en un campo de batalla, todos deben hacer pública su ideología, definir si acompañan o no al “modelo” encarnado en la figura de la Presidente, nadie está fuera de esta guerra. La guerra ha reemplazado al debate, y cada estamento de la sociedad no puede cumplir su cometido. De ahí que para el kirchnerismo justicia e independencia son dos conceptos encontrados que no pueden comprender. La justicia debe ser una justicia “militante”.
Los proyectos presentados por la Presidente de la Nación atentan contra el principio republicano de división de poderes. Arremeten de lleno contra la naturaleza del Poder Judicial que no legisla, ni ejecuta: sólo tiene el rol de aplicar e interpretar el marco normativo sancionado por los otros poderes.
En esta guerra de posiciones, con la propuesta de elección popular del Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo busca dominar el nombramiento de jueces con el objetivo de transformarlos en aliados incondicionales. La arremetida contra el Consejo arrancó con el cambio de número de miembros, pasó de 20 a 13 y así se garantizaron el poder de veto. En este escenario, el segundo paso implicará que gobernadores, intendentes y “punteros” movilicen a la sociedad para que vote a los Consejeros. De esta manera, aquellos que concursen ya sabrán que si no responden fiel y ciegamente al Ejecutivo serán dejados de lado.
En el transcurso de dos semanas el oficialismo intentará que ambas cámaras dictaminen sobre proyectos de envergadura para el futuro institucional de la argentina. La modificación en la elección del Consejo de la Magistratura, la creación de Cámaras de apelaciones en distintos fueros, la regulación de medidas cautelares contra el Estado, son transformaciones de alto impacto para la ciudadanía y fueron tomadas sin un debate profundo, sin escuchar la postura de la oposición y lo que es más grave en un sistema democrático, fueron tomadas a espaldas de la ciudadanía. El “relato” nos habla de democratizar la Justicia, cuando en realidad lo que se busca es garantizarse la impunidad, con una Justicia incondicional se acaban los obstáculos para concretar el “vamos por todo”.
Esta reforma es en definitiva un nuevo avance de un super poder Ejecutivo que intenta transformar el lugar que la Constitución le da. Es por ello que llamamos a toda la población a movilizarse para que la Constitución no sea letra muerta. Nadie puede quedarse en su casa, porque una sociedad sin justicia es, paradójicamente una sociedad profundamente injusta.
(*) Patricia Bullrich es presidente del bloque Unión por Todos en la Cámara de Diputados de la Nación
