Un acopiador de la localidad de Chabás (a 70 kilómetros de Rosario), que solicitó no ser identificado, recibió una factura de gas de unos $ 1000 correspondiente al servicio de junio pasado y un cargo en concepto de fideicomiso de unos $ 14.000. Leyó bien: $ 14.000.
Esto sucede porque la planta se inauguró en Chabás el año pasado y no posee un historial de consumo. La cuestión es que el criterio para determinar el cargo por fideicomiso se establece a partir de un complejo cálculo de variaciones porcentuales entre consumos presentes y pasados. Y las plantas nuevas, cuyo consumo histórico es cero (0), reciben cargos estratosféricos.
El propietario del acopio de Chabás indicó a Infocampo que pagará bajo protesto la factura a la espera de una resolución favorable en la Justicia.
La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales inició el mes pasado una demanda contra el Estado Nacional por considerar inconstitucional el monto en concepto de fideicomiso cobrado a las empresas para financiar los gasoductos Norte y Sur.
“A algunos acopios les llegó un cargo por fideicomiso dos o tres veces superior al cargo por gas, mientras que en otros casos el monto fue mayor”, dijo hoy a Infocampo Abel Guerrieri, asesor legal de la Federación de Centros de Acopiadores de Cereales. “El caso testigo que presentamos nosotros es el de un acopio que recibió un cargo cinco veces superior al monto en concepto de gas”, añadió.
Los propietarios de acopios están muy molestos porque consideran abusivo el monto cargado a la factura de gas y señalan que el mismo no se corresponde con los márgenes de la actividad.
En tanto, la Justicia Federal todavía no ha dado respuesta alguna a los acopios en la causa por la supuesta inconstitucionalidad del fideicomiso cobrado a las empresas para financiar los gasoductos Norte y Sur.
Hasta la fecha sólo tres empresas lograron obtener en la Justicia medidas cautelares que frenaron la obligación de abonar el nuevo impuesto. Se trata de Papelera Tucumán, Cooperativa de Trabajo San Justo y Cerámicas Lourdes. Las demás, y hasta que la Justicia no se expida, no les queda otra alternativa que pagar.
“El problema tiende a agudizarse porque cada vez son más los usuarios que nos vemos obligados a pagar estos disparates que dispone el Estado”, dijo hoy a Infocampo Guillermo Llovera, gerente de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos de Rosario.
“Recurrir a la Justicia nos genera un gasto que muchos no pueden afrontar y nos pone en una situación verdaderamente incómoda”, aseguró Llovera, para luego agregar que “encima vemos que los tiempos que se manejan para emitir un fallo son realmente lentos”.
“La única alternativa que vemos viable por el momento es pagar las facturas bajo protesto por si después se aplica alguna medida que nos beneficia y nos devuelven el dinero”, indicó Llovera.
