Organizaciones de inmigrantes bolivianos, colombianos, mexicanos, peruanos, paraguayos y chilenos residentes en Argentina harán mañana, por primera vez, un paro con el objetivo de visibilizar el aporte que realizan a la economía y pedir la derogación del decreto que modificó la Ley de Migraciones por considerar que “vulnera” sus derechos.
La fecha fue elegida en conmemoración del 30 de marzo de 2006, cuando a raíz del incendio de un taller textil en el barrio porteño de Caballito, murieron seis personas de nacionalidad boliviana, cinco de ellas menores de edad, indicó hoy Télam.
“Los migrantes somos trabajadores y hacemos un aporte muy importante a las economías de los países donde residimos. Con este paro queremos instalar ese debate sobre nuestro rol económico, social y cultural”, dijo a Télam Juan Vázquez, del colectivo de bolivianos Simbiosis Cultural, una de las organizaciones convocantes.
“En esta construcción del sujeto político que somos tenemos que rediscutir nuestro rol con el Estado, pero también con los sindicatos cuando, por ejemplo, no permiten un cupo superior al 25% de inmigrantes en la representación, como pasa con los ladrilleros”, señaló Vázquez .
La acción se inscribe en el marco de una lucha internacional y que en Estados Unidos se cristalizó el 16 de febrero con un paro de inmigrantes contra las políticas del presidente Donald Trump.
De acuerdo al informe “Impacto de las migraciones actuales en la estructura económica y sociocultural de la Argentina” que publicó en 2016 la Universidad de Tres de Febrero, este grupo aporta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año en IVA, en tanto que en el período 2007-2011 su participación en la generación de riqueza osciló entre 3.900 y 5.000 millones de dólares.
“El 4,5% de la población en Argentina es migrante, uno de los porcentajes más bajos de la historia”, informó a Télam Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Y aseguró que “existen rubros donde su fuerza de trabajo es mayoritaria como el textil, la producción y venta frutihortícola y la producción de ladrillos, y están distribuidos en todo el país”.
Las organizaciones reclaman la inmediata derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modificó la Ley 25.871 (de Migraciones).
“El primer problema que tiene el DNU es el mensaje porque asocia al inmigrante con el delito; esto cala muy hondo en la sociedad y llega muy rápido y revertirlo tarda décadas”, dijo Ceriani Cernadas, quien también es director del Programa de Migración y Asilo del Centro de DDHH de la Universidad Nacional de Lanús.
Para el experto de la ONU, el decreto hace “un recorte parcial de la realidad ya que expresa que el 33% de los delitos vinculados a la narcocriminalidad son cometidos por extranjeros, y esto es lógico por la naturaleza de ese delito, pero no implica que se trate de personas que llegan a residir a un país; mientras que de 2002 a hoy, de todos los delitos cometidos en Argentina sólo entre 5,2% y 5,9% fueron realizados por extranjeros”.
“Antes para no dejarte ingresar debías tener una condena firme superior a tres años y para sacarte la residencia una superior a cinco; ahora el sólo hecho de tener un antecedente, cualquiera sea el delito y tengas o no condena puede ser una causal para la no admisión, expulsión o cancelación de la residencia”, explicó el especialista.
Ante la diversidad de situaciones laborales de los migrantes, los organizadores proponen que quienes no puedan dejar de trabajar instalen el debate en su ámbito, pero convocan a una concentración a las 16 horas frente al Congreso de la Nación para marchar a partir de las 18 hasta la Plaza de Mayo.
