El Ministerio de Industria y Comercio de España comunicó un proyecto de Orden Ministerial que establecería cuotas de producción y comercialización únicamente para plantas instaladas en ese territorio, restringiendo el ingreso de biodiesel desde terceros países.
Esta medida fue objetada por el Gobierno argentino a través de la Cancillería, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Planificación, presentando argumentos al gobierno español para evitar la introducción de esta restricción. La Argentina es el primer abastecedor externo de biodiesel del mercado español, representando en el año 2010 el 23% del total de nuestras exportaciones a dicho mercado (516 millones de dólares).
Fernando Peláez, Presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), consideró que “esta medida es claramente una prohibición de acceso al mercado español”.
Efectivamente el biodiesel argentino viene a suplir las necesidades de seguridad energética que tiene España en donde es obligatorio el uso de biocombustibles en la producción de naftas y diesel. A su vez, el Director Ejecutivo de Carbio, Victor Castro, remarcó –por medio de un comunicado– que “las razones que España esgrime para prohibir el acceso de biodiesel son infundadas, no existen prácticas desleales en nuestras exportaciones, España no puede cerrar el mercado sin razón fundada, de hacerlo tendría que rendir cuentas ante la Organización Mundial de Comercio”, y agregó que “España quiere cerrar la importación, y comprar de Argentina el aceite para producir allá el biodiesel, esto va en contra de la política nacional a favor del valor agregado, cuando tenemos un producto con mayor industrialización, hay países que no nos dejan crecer”.
Se considera que el establecimiento de cuotas para dar cumplimiento al corte obligatorio no debe restringir el acceso de ningún proveedor; sin embargo en este proyecto de Orden Ministerial sólo se admitiría la comercialización de biocombustibles producidos en territorio de la Unión Europea. De efectivizarse dicho proyecto, en los términos anunciados, constituiría una barrera injustificada al comercio, dado que no existe una base técnica para su imposición y por lo tanto sería violatoria de las obligaciones que emanan de la Organización Mundial de Comercio.
La industria argentina se basa en la inexistencia de subsidios ni financiamiento accesible para el desarrollo de las plantas, por lo que todas las inversiones son de riesgo y están vinculadas al desenvolvimiento del mercado nacional e internacional.
“La industria argentina ha realizado todos los esfuerzos necesarios para adaptarse a las exigencias de la Directiva europea de uso de energías renovables, cumpliendo todos sus requisitos, siendo un actor responsable que está en igualdad de condiciones que los operadores europeos, a su vez la provisión de biodiesel se realiza de manera eficiente y a precios accesibles para el consumidor español ayudando a ese país a mejorar su seguridad energética”, apuntó el comunicado de Carbio.
El Gobierno argentino ha dado especial seguimiento al desarrollo de la norma comunitaria y ha intercambiado opiniones y criterios con las autoridades comunitarias competentes. Carbio presentó en diciembre de 2010 un esquema de certificación voluntaria a la Comisión Europea a fin de cumplir con los requisitos de sustentabilidad establecidos en la Directiva de Energías Renovables, y se encuentra a la espera de la evaluación de la Comisión Europea. El Estado Nacional, a través de varias de sus instituciones, ha brindado apoyo al diseño e implementación de este esquema.
“Se entiende que de aprobarse el proyecto de Orden Ministerial en los términos anunciados generaría una restricción comercial incompatible con las reglas internacionales del comercio, pudiéndose considerar medidas que busquen únicamente promover la competitividad de la industria española de biocarburantes sin menoscabar las exportaciones de terceros países y acordes a los compromisos multilaterales”, culminó Carbio.
