Ya pasada la maratónica sesión en Diputados, en la que el Frente de Todos cosechó 133 votos afirmativos con el apoyo del Interbloque Unidad y Equidad Federal y buena parte del Interbloque Federal -Lavagnismo-, se espera que en los primeros días de diciembre el oficialismo logre un resultado similar en el Senado, donde la pelea ya no es tan reñida: de los 72 senadores, 41 son del Frente de Todos, asegurándose una base de apoyo amplia.
A eso hay que sumarle las alianzas con bloques más chicos. El dilema será cómo votaran los senadores jujeños que responden a Gerardo Morales ya que, en Diputados, la sorpresa fue el visto bueno a la aprobación de este nuevo impuesto por parte de dos diputados radicales de Jujuy, Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti, ante las presiones de la gobernación provincial. Ahora todos los ojos están puestos en los votos de Silvia Giacoppo y Mario Fiad, senadores de la UCR de esa provincia.
A pesar de que las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 30 de noviembre, las extraordinarias son un hecho y el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” será uno de los principales temas que incorporará Alberto Fernández en la convocatoria.
Las principales controversias del proyecto
Aunque el diputado y redactor del proyecto, Carlos Heller (FDT-Buenos Aires), aseguró que este aporte será por única vez, su condición de obligatoriedad y los antecedentes de la historia argentina dan pie para pensar que es un nuevo impuesto que llegó para quedarse.
En cuanto al texto de la ley, este gravamen impacta directamente en los bienes productivos, los bienes de cambio (sementeras, stock de granos, hacienda), la maquinaria y todos los activos que conforman la base productiva del agro y el país.
Uno de los puntos más controversiales es que la base imponible de este impuesto considera bienes que la Ley de Bienes Personales califica como exentos, como es el caso de los inmuebles rurales, cuya valuación en términos de Bienes Personales acerca a los productores a la cifra de los $200 millones.
Un análisis realizado por la Fundación Barbechando demostró que si un productor compró un campo de 800 hectáreas a US$4.000 cuando el dólar valió $50 en el 2019, alcanza un activo de $160 millones por el inmueble rural. Si a eso se le suma el activo productivo como semillas, herbicidas, fertilizantes, stocks anteriores y maquinaria propia, llega fácilmente a la cifra en cuestión y deberá abonar una alícuota que oscila entre el 2% y el 3% del patrimonio total. En este sentido, la ley afectaría a muchas más de las 9.000 personas que el oficialismo contabiliza, en base a las Declaraciones Juradas de la AFIP.
El proyecto afecta también a las PyMEs, ya que si bien es un impuesto que recae sobre las personas humanas, hay que entender que el dueño final del capital accionario de una empresa es dicha persona. Al no contemplar la rentabilidad ni la liquidez disponible, es factible que el productor deba vender alguno de sus bienes para pagar este nuevo impuesto, dado que los gravámenes al patrimonio -Bienes Personales e impuesto a la riqueza-, en su máxima escala alcanzan al 7,5%, el impuesto se transforma en confiscatorio.
Qué expusieron los representantes del agro durante el debate
Durante el debate en la sesión en Diputados, el exministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), dijo que el proyecto “asimila un piso en Puerto Madero con un campo, una Ferrari con un tractor, un yate con una cosechadora y se gravan bienes de capital”, además de que grava bonos y depósitos, viviendas, sementeras y cosechadoras.
El diputado Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) aseguró que el nuevo impuesto alcanza al capital de trabajo y que no distingue entre una inversión financiera e inversiones en empresas. “Este impuesto es pan para hoy y hambre para mañana. Esto significa desaliento, menos inversiones y menos confianza para trabajar y producir”, aseguró.
En este sentido, Pablo Torello (PRO-Buenos Aires) dijo que el nuevo impuesto significa menos producción y menos empleo. “Este gobierno parece tener un ensañamiento con el sector productivo y empresario”, fustigó.
Qué proponemos desde la Fundación Barbechando
Como motor de la economía y de la generación de empleo, la mejor decisión es no incluir en la base de cálculo de la persona humana la participación que ésta pudiera tener en el capital de cualquier PyME productiva. De la misma forma, los bienes productivos no deberían incluirse en la base de cálculo para fomentar mayores inversiones productivas, de servicios, de comercialización y agropecuarias, entre otras.
La creación de impuesto que afecte de manera directa a las PyMEs productivas locales y a los inmuebles rurales productivos achicaría el flujo de inversiones considerablemente, que es lo que el país necesita. Eximir de este impuesto a la inversión en esos rubros es una solución.
