Los incendios que sucedieron en las islas que rodean al Río Paraná, en las costas entrerrianas frente a Rosario, fueron uno de los puntos principales que dispararon el renovado apuro político por sancionar una ley que proteja a los humedales, pese a que ya existen marcos normativos con políticas para enfrentar estas situaciones.
El debate se tornó polémico en los últimos días, tras el fuerte rechazo a los proyectos de ley que impulsa el oficialismo por parte de entidades y productores, expresado en una audiencia especial convocada por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados.
MIRÁ El duro testimonio en el Congreso de dos productores que viven en las islas del Delta
Sucede que la idea de establecer “presupuestos mínimos” de intervención en los humedales, es interpretado por el agro como un intento de limitar la producción, algo que en muchos casos podría ir en contra de la pretensión de hacer un cuidado ambiental de estos recursos.
En este contexto, precisamente la zona de las islas fue el lugar que eligieron productores y dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) para realizar una movilización: el puente que une a las ciudades de Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos).
LA PROTESTA
“En este momento, parte de la conducción de Federación Agraria Argentina está presente en el puente Rosario – Victoria. Allí, productores e isleños se movilizan para reclamar por la situación que atraviesan en los humedales”, informó la FAA.
La comitiva federada estuvo encabezada por los vicepresidentes 1° y 2°, Elvio Guía y Marcelo Banchi, acompañados por la secretaria gremial, Andrea Sarnari, y la de Finanzas, Marisa Boschetti, junto a los directores Matías Martirena y Marcela Fabrissin.
“No se trata de generar nuevas leyes, o de hacer oportunismo político. Los humedales son sistemas complejos en los que cualquier abordaje debe considerar los factores económicos, ambientales, socio productivos, culturales e históricos, por lo que no se pueden sacar normas a las corridas”, subrayaron los representantes de la Federación.
Y agregaron: “En principio, con que el Estado haga cumplir las que ya existen, la situación podría ser muchísimo mejor, por lo que reclamamos a las autoridades que ejerzan el rol de contralor que deben cumplir, en vez que tratar de sacar rédito político a costa del sufrimiento de tantos argentinos”.
MÁS RECHAZOS
En paralelo, más entidades sumaron su rechazo a los proyectos de ley que buscan aprobarse en el Congreso y “a libro cerrado”.
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) emitió un comunicado en el que solicitó a los legisladores “responsabilidad, que escuchen todas las voces y que se contemple el cuidado del medio ambiente y de la matriz agropecuaria nacional”.
Para Fearca, “la conservación de los humedales debe considerar un balance entre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social de las comunidades que los habitan y su desenvolvimiento económico. Adicionalmente deben tener una mirada territorial y federal consistente con la particularidad de cada humedal y sistema socioeconómico coexistente en ellos”.
Humedales: solicitamos ante todo responsabilidad
Creemos firmemente que es necesario asegurar la protección y conservación de los humedales de nuestro país!
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Los aviadores son actores clave, porque están colaborando de manera activa para combatir el fuego en distintos puntos del país.
“Creemos importante comprender la distinción entre aquellas zonas donde no hay actividad agropecuaria y aquellas donde se llevan adelante, como es el caso de la producción de arroz. Por eso, no acompañamos los proyectos de ley que prohíben todas las actividades, y que no distinguen los distintos espacios que contemplan los humedales”, subrayó Fearca.
DESDE LA MINERÍA
Del mismo modo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) alertó que, si se sanciona alguno de los proyectos de ley tal como están redactados, se ponen en riesgo inversiones de este sector por U$S 20.000 millones.
“Rechazamos toda propuesta de regulación que, desde el desconocimiento, condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional”, señaló la CAEM
La entidad enumeró que los proyectos, de aprobarse, dejarían a la Argentina sin industria minera. “Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades. Y no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento”, advirtió.
Desde CAEM alertamos sobre el impacto de los proyectos de #LeyDeHumedales en la industria minera. #SomosMineria https://t.co/6tnCKRdw6j pic.twitter.com/kB6JiQ9JDE
— CAEM (@camaramineraarg) September 29, 2022
Asimismo, explicó que estas propuestas normativas violan la autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental; así como también suponen una superposición y conflictos con las legislaciones vigentes.
“Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente, avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental”, prosiguió la CAEM.
Además, recordó que la minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de un billón de pesos por año.
“Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Tomando los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por U$S 12.000 millones (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por U$S 20.000 millones. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras”, completó.
Y recordó que estos proyectos, en todos los casos, ya pasan por evaluaciones de impacto ambiental. “Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono”, cerró la CAEM.
