Nacido y criado en el paraje chaqueño de Pampa Gómez, Dalmacio Roldán desconoce que en el pueblo Gancedo, a unos 130 kilómetros al sudoeste por caminos precarios, otro paisano habla con sus palabras. Es Mario Peralta, quien labra la tierra entre girasoles y dice, con un calco del tono y la cadencia de Roldán, la misma frase exacta: “Si no tenemos agua… no tenemos nada”.
La coincidencia está lejos de ser fortuita y existen más elementos convergentes entre ambos. Los dos participaron de capacitaciones para construir cisternas de placa con capacidad de almacenar hasta 16 mil litros y, junto al sistema de extensión del INTA y el resto de su comunidad, lograron revertir el problema de la falta de acceso al elemento vital. “Hoy, con poner el motor 5 o 10 minutos ya tengo agua para las plantas, la huerta, las ovejas; todo eso por intermedio del INTA”, agrega Hermógenes Díaz, coterráneo de Gancedo.
“Garantizar el agua para consumo humano y para uso productivo es el gran desafío de nuestra sociedad, de los gobiernos locales y de las instituciones públicas presentes en el territorio”, dijo Diego Ramilo, coordinador nacional de Transferencia y Extensión del INTA. “El agua segura es un derecho, es uno de los objetivos del milenio planteados por las Naciones Unidas y al cual nuestro país ha adherido”, añadió.
Al igual que la localidad de Haumonia, de esa misma provincia y donde 27 familias accedieron al agua con el apoyo del INTA, los casos de Gancedo y Pampa Gómez son parte de un proyecto interinstitucional que se propuso garantizar la disponibilidad del recurso en calidad y cantidad, como satisfacción fundamental de derechos y como medida de adaptación al cambio climático de la población rural.
Así, 1.039 familias productoras, 1.069 alumnos y maestros de 13 escuelas rurales fueron beneficiados con más de 300 obras que mejoraron la infraestructura: pozos, aljibes, cisternas, represas, estructuras de protección de cultivos y equipamiento tecnológico. Además, casi 1.300 hombres y mujeres fueron capacitados y participaron de todas las etapas de construcción.
Financiado por el Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas, implementado en el país por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y ejecutado por la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA en las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero, el proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noroeste argentino (NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad” ya generó logros muy significativos.
De hecho, además de los trabajos enmarcados en aquel, están en marcha otros 65 proyectos especiales de acceso al agua a lo largo y ancho de la Argentina. “En ese caso –explicó el coordinador– se trata de una iniciativa que impulsamos desde el programa ProHuerta, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la que llevamos invertidos 34,3 millones de pesos”. En ese sentido, adelantó que, esta semana, se cerrará una segunda convocatoria que ya prevé inversiones por 154 millones adicionales para otros 180 proyectos de acceso al agua para uso integral, entre otras propuestas y líneas temáticas.
En total, el sistema de extensión rural del INTA tiene en marcha actualmente unos 240 proyectos de acceso al agua localizados en todas las regiones del país.
“Ahora hay en construcción 350 obras más, entre cisternas, pozos y represas”, precisó Lucas Vázquez, miembro de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA y del equipo que lidera el proyecto de adaptación al cambio climático. Y agregó: “Para fines de 2017 sumaríamos 325 obras más, es decir que, a fin de año, alcanzaríamos casi 1.000 obras familiares y comunitarias, llegando a que 2.000 familias cuenten con obras que mejorarán su capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático”.
En este sentido, Laura Abram Alberdi, de la Unidad Ambiental y Social de la UCAR, aseguró: “Este proyecto se destaca por su pertinencia con respecto al territorio donde se ejecutan las actividades y a la población rural altamente vulnerable a la que son destinadas”.
En departamentos del país donde más del 80 % de los productores son agricultores familiares, donde los índices de desarrollo humano alcanzan niveles preocupantes y donde los escenarios futuros muestran una fuerte intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos, “el proyecto demuestra que se puede mejorar la calidad de vida de los productores, y en especial de las productoras, con tecnologías apropiadas, costo eficientes y sostenibles”, señaló Abram Alberdi. “Esta ejecución fue posible gracias a la red de actores interinstitucional que se conformó y que va a quedar vinculada una vez el proyecto termine”, valoró.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 780 millones de personas de todo el mundo no tienen acceso al agua segura y, en la Argentina, la cifra alcanza a unos 7 millones de habitantes: casi dos de cada 10 personas (el 17 % de la población). Como agravante, el cambio climático y el aumento de las temperaturas intensifican aún más este escenario, con imp actos sanitarios y ambientales que ya pueden advertirse.
Antes y después del agua: el impacto en la calidad de vida
En Gancedo llueve entre 300 y 500 milímetros por año. Alejado de los ríos, el pueblo cuenta con agua escasa y salada, a menudo acompañada por la presencia de arsénico. En Pampa Gómez, Rafael Cardozo rememora: “No teníamos un burro, no teníamos zorra; mi esposa se iba con las dos hijas, con bidoncitos de cinco litros, a traer agua, a pata”. Aún cuando cada una pudiera cargar dos recipientes, regresarían con apenas 30 litros: 20 menos que los 50 litros diarios por persona que recomienda la OMS.
En general, son las mujeres y los niños quienes se ocupan del acarreo del agua, con una dedicación que requiere de entre 4 a 5 horas diarias. Gladys Herman, de Gancedo, recordó: “Teníamos que ir con tachos a acarrear o a veces en el caballo con los bidones y llevar el agua. Era muy difícil”. La huella que dejaron años de esa práctica perduran incluso ahora, que ya tiene acceso al agua de calidad. “Cuando llueve me desespero en juntar un poco de agua, por más que ahora tengo el aljibe”, explicó.
“Comenzamos a trabajar en esta región haciendo un diagnóstico participativo con las comunidades rurales y se vio que el problema principal era el acceso al agua, tanto para consumo humano como para la producción”, expresó la extensionista Gabriela Faggi, jefa de la agencia del INTA Emilio Druzianich, en Las Breñas, Chaco. De acuerdo con la técnica, el componente de capacitaciones es un elemento central de estos procesos: “Se fueron capacitando grupos de productores en construcción de pozos calzados y excavados y también en construcción de cisternas de placa-cemento de 16 mil litros”, comentó. “Es una capacidad que se instaló en la comunidad y les va a permitir replicarla y llevarla a otros lugares que tengan los mismos problemas”, señaló.
De hecho, una cuarta parte de las obras realizadas desde el INTA contó con entrenamientos laborales para fortalecer las capacidades locales y la inclusión laboral. Las familias de Gancedo, Haumonia y Pampa Gómez participaron de esos espacios de formación durante la realización de las mismas obras que los beneficiaron. Además, por esas tareas, recibieron un beneficio y una certificación de sus capacidades por parte del Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, con el que el instituto firmó un convenio de cooperación en 2016, para reforzar la formación de oficios rurales.
“Hay cuatro, cinco o seis que ya aprendieron y lo van a seguir multiplicando y creo que a lo largo del tiempo van a hacer todos casi profesionales”, dijo Víctor Acosta, productor familiar de Pampa Gómez. Para él, esos espacios de formación fueron motivo de satisfacción: “La capacitación es lo más hermoso, por todo lo que uno aprende y es un orgullo poder decir: no soy albañil, pero lo he aprendido”.
A su vez, la extensionista destacó el impacto de esta intervención en la equidad de género: “La participación de las mujeres fue muy importante en todo el proceso, ya que desde la formación de las asociaciones tenía que haber mujeres en los puestos directivos. De esa manera se las empezó a incluir y están presentes en las decisiones, en todos los trabajos y en todos los proyectos”.
Toda la comunidad supo valorar los resultados obtenidos. Rafael Cardozo, de Pampa Gómez, lo expresó así: “Antes no teníamos un pozo de agua limpia, hoy lo tenemos; no teníamos ni siquiera ladrillos para hacer un aljibe y hoy, sin haber gastado lo nuestro, porque es imposible llegar a esto con nuestros recursos, lo tenemos”.
Para Mario Peralta, de Gancedo, también ya pueden observarse los resultados de cosecha: “Los aljibes nos permitieron mejorar la situación para trabajar en las huertas, para poder seguir produciendo, y sembrando”. Sostuvo que la producción “mejoró bastante a comparación de años en que no teníamos reservorio de agua; ahora con el aljibe uno puede almacenar agua y puede también tener riego por goteo y mejorar la producción”.
Según Tania Titievsky, extensionistas del INTA Las Breñas, los aljibes son una herramienta que “crea una gran posibilidad para los productores, sobre todo en esta zona donde no se hacía huerta; ahora estamos con la huerta, con la chacra, con las semillas”. En esa línea, la extensionista fue más allá y expresó: “Esto es una manera de ayudar a la gente, con estas tecnologías y estos proyectos, los hijos de los productores pueden pensar en invertir su tiempo, energía y esfuerzo en su campo y quedarse en la zona”. Así, el arraigo también se ve favorecido.
Desde su rol en la coordinación del componente de agua, Lucas Vázquez repasó lo recorrido durante tres años y señaló: “Ver los resultados de este gran trabajo interinstitucional entre el INTA, el INTI y la UCAR, las herramientas del ministerio de trabajo, los municipios junto a las organizaciones de la agricultura familiar y de pueblos originarios, nos señala que estamos en el camino correcto y nos anima a seguir trabajando con más fuerza”.
