Si el informe epidemiológico realizado en Monte Maíz, que arroja niveles de prevalencia de cáncer por arriba de los promedios, es metodológicamente válido.
Si, con el silencio del resto de la comunidad científica, se admite la comparación de los resultados de un censo como ese, por un lado, con los de un registro como el de Córdoba o con estadísticas de mortalidad donde, por default, muchas veces la causa de muerte que se anota es la cardiovascular.
Si se va a dar el consagrado título de Comité de Bioética a la “comisión conformada a tal fin” en su reemplazo –en los términos de la Ley Provincial 9694/09 de Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud en Córdoba– con médicos y activistas designados por los mismos investigadores a los que los comités de bioéticas deben normalmente supervisar.
Si nadie va a realizar estudios iguales para que sirvan de testigo en otros pueblos agropecuarios como Monte Maíz y en otros pueblos no agropecuarios antes de sacar conclusiones.
Si vamos a decir todo el tiempo que la agencia Iarc de la ONU colocó al glifosato en la categoría 2A de “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, sin decir que en el mismo grupo están el formaldehido que hay en los muebles de todas nuestras casas, entre muchos otros ejemplos de productos con los que nos rozamos, que bebemos e inhalamos a diario.
Si la causalidad del glifosato con el cáncer no se va a establecer, pero de cualquier manera toda una pragmática del discurso va a asociar ambos términos para que quede establecida a fuego en la sociedad.
Si la dirigencia política de todos los colores se va a dejar llevar de las narices por profesionales ambientalistas full time sin poner siquiera las manos.
Entonces, está claro
Llegó el momento de dejar de dilapidar en el conurbano bonaerense y en otros fines partidarios el dinero que proviene de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. El año pasado, la Secretaría de Hacienda de la Nación recibió 84 mil millones de pesos por derechos a las exportaciones, cuya totalidad, prácticamente, fue aportado por granos, sus derivados y subproductos. El 30 por ciento de ese monto se repartió a municipios –de todo el país– para que hicieran cordones cunetas y otras obras menudas pero visibles en las elecciones.
La salud es lo primero
Porque, en definitiva, nadie podrá negar la urgente necesidad de crear “parques agrarios”, similares a los “parques industriales”, en cada pueblo de la Argentina en el que operen productores y contratistas agricolas.
Así se podrán apartar de los pueblos los mosquitos, las sembradoras, las cosechadoras, las tolvas, los chimangos, los tanques, las embolsadoras, los tractores, los silos, los depósitos y los galpones que cobijan y portan la peste.
Habrá que comprar la tierra a una distancia de cada pueblo que los médicos como Medardo Ávila Vázquez consideren conveniente. Llevar allí servicios de agua y electricidad. Construir accesos. Ceder las parcelas a los productores y contratistas que deberán mudar sus instalaciones. Darles créditos a tasas preferenciales para que construyan sus galpones, depósitos, silos y alambrados perimetrales.
Les pediremos, eso sí, que para la guardia nocturna hagan una vaquita de manera que no la tenga que pagar también el Estado con el dinero que, previamente, les confiscó a todos ellos al recaudar las retenciones.
¿Casi 2.000 pueblos?
¿Cuánto podría costar esta epopeya? Es difícil saberlo. Todo depende. A modo de ejemplo, la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, inauguró dos parques industriales en 2014 en Misiones y San Juan que costaron 100 millones de pesos cada uno. Seguramente los agrarios costarían menos.
¿Y cuántos habría que construir? Córdoba, por ejemplo, tiene más de 300 pueblos sólo en sus departamentos claramente agrícolas. Pero en Traslasierra, el Noroeste y Calamuchita también hay sembradores, mosquiteros, tractoristas y camioneros.
En Santa Fe hay 362 municipios y comunas. En La Pampa, 58. En Buenos Aires hay 111 partidos fuera de los del Gran Buenos Aires. Pero en cada uno de esos partidos hay varios pueblos. Se calcula que bordean los mil. Por supuesto, hay que considerar que en San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, también son numerosos los pueblos enclavados en zonas agrícolas.
Ahora, a subsidiar al campo
Tal vez con la plata de las retenciones no alcance, sobre todo teniendo en cuenta la baja de precios internacionales, la inflación interna y el margen minúsculo que le va quedando a la actividad.
Pero, en vista de la importancia del tema, el resto de la Argentina urbana, solidaria como es, seguramente no tendrá problemas en pagar impuestos extraordinarios, por una vez en la historia, para subsidiar a las poblaciones pampeanas.
Después de todo, son estos sembradores, fumigadores, tractoristas, cosechadores, picadores y camioneros los que más se exponen al glifosato con el que hasta ahora se alimentó a los demás. Basta de señalarlos con el dedo. Es hora de invertir los términos y auxiliarlos.
Por Adrián Simioni para La Voz del Interior
