En el paquete de endurecimiento de penas para ciertos delitos se incluyó el agravamiento de las sanciones al abigeato, ya que desde meses antes habían existido casos en los que el robo de ganado fue acompañado de muertes y otros hechos que sonaron fuerte en el eco de la sociedad y los medios.
Desde entonces, al supuesto autor se le aplica prisión preventiva, porque tiene una pena prevista de 4 a 10 años de cárcel.
Sin embargo, días atrás, la Cámara de Zapala, en la provincia de Neuquén, determinó la inconstitucionalidad de la norma vigente al considerar que “la pena es desproporcionada e irrazonable en relación con otros delitos de mayor relevancia social”.
Los camaristas Víctor Martínez, Oscar Rodeiro y Enrique Modina remarcon en su fallo que en el debate parlamentario que se realizó en oportunidad de endurecer la pena, simplemente se mencionó la gravedad de la problemática sin mayores disquisiciones, y añadieron que la discusión tendió a jerarquizar sólo la protección del bien del ganado.
En base a este argumento, los letrados compararon la escala penal prevista para el abigeato agravado con la que se prevé para otros delitos, en los que el bien protegido es la vida, como es el caso de la tentativa de homicidio, que contempla una pena de cuatro años de prisión.
Sergio Hernández, abogado penalista, remarcó a Infocampo que estas leyes están todas sospechadas de inconstitucionalidad, por contar con un agravamiento de penas demasiado excesivo, si se compara con otros delitos de mayor magnitud.
Hernández puntualizó que el paquete de leyes que sancionaron luego de los multitudinarios reclamos de seguridad está plagado de pedidos de inconstitucionalidad, y dijo que el fallo de la Cámara de Zapala demuestra que muchas veces el agravamiento de penas no hace a la solución del tema.
Además, el abogado manifestó que se habrían presentado otros pedidos de inconstitucionalidad de la norma en otras provincias, como Chaco y Buenos Aires.
Guillermo Alchourón, uno de los diputados propulsores de la ley que aumentó las penas del abigeato, aseguró que la reforma del Código Penal fue sancionada en circunstancias particularmente graves, ya que atravesábamos por una situación de total inseguridad, en donde este tipo de delitos estaba acompañado por acciones de crueldad inusitada.
“En particular, en el ámbito rural, los delitos contra las personas, los robos de ganado, de semillas, de granos y de maquinarias, fueron acompañados de los episodios de violencia más repudiables que se conocieran. Sumando a este cuadro la sensación de impunidad que da el hecho de que en las causas penales vinculadas con estos delitos, los delincuentes eran permanentemente beneficiados con la excarcelación, aun contando con varios procesos penales anteriores”, puntualizó.
Ante esto, la intención de los legisladores, en un gran consenso y con un gran acompañamiento de la opinión pública, fue imponer en la reforma penas no excarcelables ante un marco legal que se consideraba laxo. La elevación de los mínimos de la pena obedeció a la necesidad de limitar el beneficio excarcelatorio con un objeto claramente disuasivo, dijo el legislador.
Sobre el caso en particular, Alchourón dijo a Infocampo que el Código Penal debería sumar otras reformas en virtud de la defensa de la vida, y que de esa manera se tendría una escala más propicia para juzgar la constitucionalidad o no del agravamiento de penas para el abigeato.
La diputada Paola Spátola, por su parte, opinó a Infocampo que más allá de las observaciones que pueda tener esta ley, lo que se necesita son planes específicos de prevención. “El gobierno bonaerense no tiene planes de prevención del delito rural, que no ha cesado en todo el territorio. Todos los aumentos de penas no resuelven el problema de fondo y muchas veces buscan un efecto mediático y persuasivo hacia la sociedad”, sentenció.
Más allá de las especulaciones que puedan hacerse sobre el tema, la medida tomada por la Cámara de Zapala puede sentar precedentes a nivel nacional, cosa que ya está ocurriendo.
Los números en Buenos Aires
Según la División de Delitos Rurales del Ministerio de Seguridad Bonaerense, los ganaderos provinciales sufren al menos 6 robos de hacienda por día entre abigeato, faenamiento y sustracción en tránsito. La Sociedad Rural advirtió en varias oportunidades que en el NOA y NEA el abigeato es un verdadero flagelo y que en muchas otras provincias, como Formosa, un tercio de la carne que se comercializa es ilegal. Los hechos denunciados alcanzan mayoritariamente a Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. El negocio del robo de ganado para su comercialización mueve en el país más de $ 1.000 M, y priva al Estado de recaudar otros $ 3.000 M.
Gustavo Malem
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