“El decreto 32/2018 aumenta la capacidad máxima de carga de 45 a 75 toneladas, lo que fomenta la reducción de costos. Sin embargo, provincias como Santa Fe aún no adhirieron a él. Las consecuencias son pérdidas económicas, menor compra de camiones y el peligro de tener que reducir los puestos de trabajo”, informó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) a través de un comunicado junto a la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS)
El proyecto de escalabilidad impulsado por FADEEAC y acompañado técnicamente por CAFAS “permite un aumento de las capacidades de cargas en nuevos equipos y equipos existentes, con el objetivo de mejorar las capacidades de carga de las unidades de transporte. Al mismo tiempo, intenta bajar los costos logísticos al generar alternativas de fabricación de equipos más económicos, con mayor seguridad vial y mejor productividad”, indicaron.
En tanto “las modificaciones quedaron especificadas en el decreto 32/2018 del 12 de enero de 2018, que modificó la Ley Nacional de Tránsito. Fue bienvenido tanto por transportistas como por fabricantes de acoplados y semirremolques, ya que permite ofrecer al mercado distintas configuraciones para adecuar a las unidades de transporte a las nuevas reglas de juego”, continúa el comunicado.
Con motivo de la sanción de esta norma, “los transportistas respondieron: solicitaron a sus proveedores las unidades remolcadas. Sin embargo, pese a que el Ministerio de Transporte de la Nación acompañó a esta iniciativa y resaltó la necesidad de activarla de manera urgente, las provincias demoran la adhesión al Decreto 32/18 que permite circular con estas nuevas capacidades, lo que mejoraría los costos logísticos y las economías regionales”, aseguraron desde FADEEAC.
Es por ello que la Federación explicó que “los transportistas invirtieron modificar o adquirir nuevos equipos de las nuevas configuraciones pero no pueden implementarlo debido a esta dilación en la adhesión provincial a la normativa. Como consecuencia, se inmovilizan los activos y se deben suspender las inversiones hasta que sea resuelto, lo que se ve reflejado en la caída de las ventas de camiones pesados del orden del 30% y de remolques en el orden del 15%”.
Lo preocupante además es que respecto de los remolques, CAFAS advirtió “que las ventas ya habían registrado un descenso del 50% promedio, lo que genera posibles despidos en ese sector” subrayaron.
Santa Fe preocupa
La Federación resumió que “como ejemplo de las derivaciones negativas de que el decreto no pueda aplicarse, se pueden citar los puertos de Rosario, Santa Fe, donde un conjunto de camiones y semirremolques escalados con las nuevas capacidades de 52,5 toneladas no podría ingresar porque la provincia no adhirió aún al referido decreto”.
“Esta demora tiene graves consecuencias, considerando que el 12% del patentamiento de remolques se registran en Santa Fe y que, por otra parte, los fabricantes radicados allí producen en sus plantas fabriles más de la mitad de los remolques que se utilizan en el país, por lo que crean 2500 puestos de trabajo directo y 3500 indirectos”, informaron.
Y advirtieron: “No solo se impide el desarrollo de estos sectores, sino que imposibilita que los productos lleguen a precios más bajos a las góndolas, que se sumen hectáreas de producción primaria en el territorio argentino o que ganemos mercados en el extranjero; todo por la baja de los costos logísticos. Además, esto se replica en otras industrias (siderúrgicas, papeleras, maquinaria agrícolas, automotrices, autopartistas, contenedores puerto de rosario, aceiteras, bebidas gaseosas y cervezas, áridos, entre otras)”.
Por todo lo expuesto, “urgen que todas las provincias y demás instancias del Estado adecúen de inmediato sus legislaciones para permitir la implementación de tan importante mejora en las capacidades de cargas, que generarán fundamentales bajas en los costos logísticos, que es lo que el mercado demanda”, concluye el comunicado.
