Mediante una nota presentada ante el Ministro de Economía, Hugo Ballay, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, solicitó la eximición en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural de los inmuebles cuyas partidas se encuentran afectadas por la prohibición judicial para todo tipo de pulverización aérea y terrestre en proximidades de escuelas rurales del territorio provincial.
Asimismo, informaron desde la organización, que esta disposición como ha sido fundamentado por profesionales en diversos ámbitos, restringe todo tipo de actividad productiva que requiere el uso de insumos correctamente habilitados por organismos nacionales para el desarrollo de las prácticas agrícolas.
Por otro lado, FARER considera que la medida es de “sesgo arbitrario y deja sin posibilidades a innumerables productores, en gran parte de escala y capacidad económica pequeña y mediana, acotando que estos no podrán ejercer el derecho laboral de trabajar, generando una situación de precariedad y exclusión, ante la imposibilidad de obtener una reconversión en sus emprendimientos”.
El texto exhorta a la administración provincial, a que contemple en forma urgente una resolución paliativa que permita resarcir los daños que recibirán los contribuyentes comprendidos por esta determinación de la Justicia.
Más de 2.500 son los productores adheridos a la entidad que piden ser tenidos en cuenta.
