El gobierno de Santa Fe realiza un seguimiento de los efectos de las intensas lluvias ocurridas desde el 25 de diciembre en gran parte del territorio provincial, con especial énfasis en la producción lechera y en la situación de localidades como Alejandra y Ramona, y monitorea la crecida del río Salado, que obligó a la autoevacuación de un grupo de personas de la ciudad capital que residen fuera del anillo defensivo.
Si bien las mediciones varían de acuerdo a cada región, hay departamentos que han soportado unos 400 milímetros de lluvia en 15 días, lo que causó anegamientos de viviendas en las localidades de Ramona y Alejandra, pero el rápido escurrimiento permitió a los afectados volver a sus viviendas a las pocas horas.
El director de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, alertó sobre pronósticos que “indican que durante toda la semana y el mes vamos a estar en estas condiciones y con napas freáticas altas que impermeabilizan el suelo”, por lo que dispuso “el traslado de equipos de bombeo a diferentes zonas de la provincia”, con alquiler de grupos electrógenos y presencia de maquinaria pesada.
El sector más afectado es el tambero debido a las características de esas producciones a baja escala, que según el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, perderá “más de 256 millones de pesos, con 869 tambos que no podrán trabajar durante un mes”.
También hay informes que dan cuenta de pérdidas de más de 700 millones de dólares por la afectación de agua a sembrados de soja, girasol y maíz, especialmente en la zona central de la provincia.
Farías dijo entre el año pasado y principios de 2017 se recibió asistencia de la Nación para ayudar a productores, Protección Civil y Desarrollo Social, y adelantó que solicitarán más ayuda.
“Creemos que hay una responsabilidad compartida en la atención de la emergencia y en la realización de obras a mediano y largo plazo”, señaló, al tiempo que reiteró “la necesidad que tiene la provincia de recibir los fondos (por deuda de coparticipación), que ya tiene el fallo de la Corte Suprema de Justicia y que van a ser destinados para obras de infraestructura”.
El ministro de la Producción, Luis Contigiani, brindó datos sobre las pérdidas del sector lechero, que “en los seis departamentos damnificados, con Castellanos a la cabeza, sobre 3.500 tambos que hay en la zona, 869 fueron afectados”.
Contigiani calculó que se perderán unos 256.000.000 de pesos, “sin cuantificar los daños en infraestructura y caminos”, por lo que “se prorrogaron los plazos de los decretos de 2016, lo que le permitirá a unos 7.500 productores agropecuarios que ya tienen certificado de emergencia (un 20 por ciento) y desastre (un 80 por ciento) vencido el 31 de diciembre, poder continuar con los mismos en condición de validez”.
El funcionario adelantó que se trabaja “en un plan de contención de los tamberos” y que van a “elevar una propuesta al gobierno nacional: un plan de salvataje para la lechería, para los tamberos, que son los más damnificados, los que están sufriendo la situación desoladora por dos duros golpes en menos de un año”.
Sobre la cuenca agrícola dijo que en la zona perjudicada por las lluvias “hay un área cultivada de 2.300.000 hectáreas, con soja, girasol y maíz, y de esa superficie hay 948.000 hectáreas afectadas” (324.000 hectáreas de soja de primera, 316.000 hectáreas de soja de segunda, 80.500 hectáreas de girasol, y 228.000 hectáreas de maíz).
En el aspecto sanitario el gobierno aseguró que “la situación está controlada” y Escajadillo explicó que “todos los medicamentos para el tratamiento y las medidas preventivas de las patologías que pueda traer como consecuencia el temporal, incluso sueros antiofídicos, se tienen en provisión en distintos lugares que el Ministerio de Salud ha fijado como centros de almacenamiento para su distribución”.
Además consideró que “ante este período de emergencia hídrica la población no debe subestimar síntomas” y solicitó “que siempre concurran a un centro de salud o soliciten la consulta médica para descartar sintomatologías”.
