Las entidades rurales que representan a los productores agropecuarios argentinos celebraron este jueves la decisión de la Unión Europea de prorrogar por 12 meses la aplicación del polémico reglamento anti deforestación.
Si bien la noticia se conoció a principios de octubre, ahora fue ratificada de manera formal a través de la decisión tomada en el Parlamento Europeo, con el voto de los países integrantes.
Se trata de la norma 1115/2023 que imponía que, a partir del 1° de enero de 2025, las exportaciones de soja, carne y forestales que fueran hacia el viejo continente debían estar certificadas como provenientes de campos que no hayan sido deforestados desde 2020 en adelante.
En Argentina, las cadenas agroindustriales elaboraron la plataforma VISEC para dar cumplimiento a esta normativa, pero con el malestar de las entidades que lo consideraron una invasión de Europa sobre las potestades normativas de los países que tienen derecho a regular sus políticas ambientales a su gusto.
Por ese motivo, no solo Argentina sino todos los países de Sudamérica expresaron su rechazo a la normativa europea y, ante el riesgo de quedarse sin provisión de alimentos, las autoridades del viejo continente no tuvieron otra alternativa que prorrogar su aplicación.
REGLAMENTO ANTIDEFORESTACIÓN: LA REACCIÓN DEL CAMPO
La noticia de que el Parlamento europeo confirmó la prórroga (la información oficial se puede ver AQUÍ) anunciada hace un mes generó lógicamente una buena repercusión en el sector agropecuario argentino.
“Celebramos que la Unión Europea haya decidido posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023 respecto a la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado”, mencionó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El dirigente recordó que, desde un primer momento, esta entidad rechazó de manera categórica esta iniciativa tanto en ámbitos nacionales como internacionales, como la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, el Foro Mercosur de la Carne, la Organización Mundial de Agricultores, reuniones COPs y encuentros específicos en Chile, Paraguay, Uruguay, Alemania y Bélgica.
“No obstante, desde hace 2 años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr”, valoró Pino.
En este marco, si bien reconoció que seguirán sosteniendo objeciones, consideró que “ahora el desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr que nunca se implemente este tipo de normativas que implican una invasión sobre la soberanía nacional”.
“Somos parte de la solución, no del problema. Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”, añadió.
Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, coincidió: “Recibimos con beneplácito la noticia de la prórroga por 12 meses de la entrada en vigencia de la 1115, y una vez más demuestra que la posición como entidad no estaba alejada de la realidad y abre las puertas a una charla abierta, franca y de consenso”.
Cabe recordar que, en su momento, CRA provocó un sacudón al pegar el portazo del VISEC, disconforme con que se siguiera avanzando sobre las potestades normativas locales.
“En ese sentido, la posición de CRA sigue inalterable. No podemos permitir que nuestros productores no puedan desarrollar y trabajar en sus campos en base a una legislación extranjera”, completó.
En este contexto, ha surgido una esperanza, ya que el Parlamento Europeo estaría dispuesto a negociar la introducción de nuevas categorías de criterios que beneficiarían a Argentina, como países sin riesgo de deforestacion, tomando como base 1990, y también naciones que tengan leyes de proteccion de los bosques, como sucede a nivel local.
