El sector lácteo está en pie de guerra desde el pasado mes de julio. El final de las cuotas lácteas establecidas por la Comisión Europea y el desplome de los precios de la leche ha hecho que muchos países adoptaran medidas proteccionistas para sus productores, como ocurrió en Francia e Irlanda, pero el Ejecutivo español ha dejado que fuera el propio mercado quien marcase el futuro de ganaderos, industrias y distribuidores. El resultado, una situación cada vez más insostenible para aquellos productores que no están amparados por el paraguas de una cooperativa láctea, según publicó el diario español El Comercio.
En Asturias, la situación, aunque difícil, no ha llegado a los extremos que vive el sector en otras comunidades de la cornisa cantábrica como Galicia o Cantabria. También en Castilla y León las cosas están difíciles. Pero en el Principado, el hecho de que el 70% de los productores de leche pertenezcan a la cooperativa de la Central Lechera Asturiana ha aliviado la situación, con unos precios que, aunque no lo suficientemente altos como para significar una rentabilidad relevante, sí permite que las explotaciones puedan sobrevivir sin muchos sobresaltos.
Los datos son más que elocuentes. El propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente resalta que las explotaciones de la cornisa cantábrica, especialmente las ubicadas en zonas de gran dificultad, como son las de alta montaña, soportan unos costes de explotación muy elevados. Los ganaderos asturianos obtienen 7.500 kilos de leche cruda por vaca cada año, una cantidad que desciende a los 7.229 kilos en las zonas de alta montaña. Además, hay que tener en cuenta que el ministerio estima los ingresos por vaca en 3.234,92 euros, mientras que los gastos ascienden a 3.301,73 euros, es decir, hay unas pérdidas de 66,8 euros por vaca y año. Otro dato a tener en cuenta es que desde el fin de las cuotas la producción láctea española aumentó un 4%, mientras que la demanda descendió en ese mismo porcentaje. A ello, hay que añadir el veto ruso a los productos lácteos de la Unión Europea y el importante descenso de la demanda china. El resultado, un importante excedente de producción que ha tirado los precios por los suelos, llegando a 0,20 euros por litro para muchos ganaderos que no pertenecen a una cooperativa.
Protesta en Madrid
A principios de septiembre, la llamada ‘marcha blanca’ llevó a más de 3.000 ganaderos -unos 250 asturianos- a protestar por la situación ante la sede ministerial en Madrid. En el resto de Europa se sucedieron también las movilizaciones y producto de esa presión Bruselas aprobó el reparto de 420 millones de euros para paliar los efectos de la crisis de precios del sector. A España le tocan 25,5 millones.
Será el próximo miércoles cuando se firme el acuerdo de sostenibilidad del sector lácteo. Lo rubricarán productores, industria y distribución y el objetivo es vertebrar el sector, ganar dimensión y presencia en los mercados y generar mayor valor añadido. A ello hay que añadir que mañana se creará Iberleche, una alianza entre Central Lechera Asturiana y Leche Celta, que comercializarán conjuntamente la marca de distribución (marca blanca). La ministra Isabel García Tejerina aseguró que «tenemos casi 300 millones de euros para el sector lácteo», ya que suma los 25,5 asignados por la Comisión Europea, 20 movilizados por el ministerio para las explotaciones en dificultades y 250 del adelanto del pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Pero también hay muchas críticas a esta situación. Sin ir más lejos, la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, dijo ayer que «las pérdidas de los ganaderos asturianos desde mayo hasta fin de año superarán los 14 millones de euros, por lo que la ayuda de 25 millones que anuncia la UE para toda España es una limosna insuficiente y coyuntural».
Asturias cuenta en la actualidad con 100.000 vacas productoras de leche en 2.500 ganaderías y con una cuota láctea de 600.000 toneladas al año, que supone el 10% de la producción nacional, pero Cristina Coto advierte de que «todo indica que las producciones se deslocalizarán hacia países del norte de Europa, como Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca o Polonia», por lo que exige «ayudas permanentes a los ganaderos» de la región.
