En medio de la escasez de dólares que sufre el Gobierno, paliada en este momento por la segunda etapa del “dólar soja” que ya generó una liquidación cercana a los U$S 2.000 millones, ha surgido un nuevo frente de tormenta.
Una protesta gremial que nació en la ciudad de Rosario, se extendió a varias terminales agroindustriales del sur de la ciudad santafesina y ahora hay amenazas de una nacionalización, algo que directamente podría frenar completamente las exportaciones agroindustriales que son claves para el país, porque representan el 70% del ingreso de dólares.
El reclamo es motorizado por el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), que forma parte de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA).
La génesis del conflicto está en los muelles I y II que están dentro de la ciudad de Rosario y que pertenecen a Terminal Puerto Rosario (TPR), y la posición de las partes está tan alejada que suena difícil que se alcance rápido una solución.
LOS RECLAMOS
Por el lado del gremio, el pedido es que se reabran las paritarias y que TPR cese con la retención de aportes, ya que argumenta que no tiene homologado el proceso preventivo de crisis que les permite no realizar las contribuciones patronales.
Otro punto de conflicto es el despido de estibadores: la empresa quiere cesar a operarios que considera que pusieron en riesgo a la compañía y al personal, mientras que el gremio no acepta eso. Como corolario, para rediscutir paritarias, TPR pretendería también un cambio del convenio colectivo e incorporar dos horas más de jornada laboral por el mismo salario.
La clave es que, para aumentar la presión sobre la compañía y sobre las autoridades de los Ministerios de Trabajo de la Provincia de Santa Fe y de la Nación, el SUPA extendió el paro total que había iniciado el lunes en los muelles de TPR, a todos los puertos en los que tiene personal dentro de su convenio: los muelles VI y VII de Rosario, las plantas de Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Alvear, y las de Dreyfus en General Lagos y de ADM en Arroyo Seco.
El problema es que, sin avances en las negociaciones, ahora la Federación de Estibadores anticipó que podrían anunciarse medidas de carácter nacional.
De momento, la única posibilidad de solución es una Conciliación Obligatoria.
