La discusión en torno al cobro de peajes en la Hidrovía Paraná-Paraguay va subiendo el volumen.
Luego de los cruces que mantuvieron la Cancillería paraguaya y el ministerio de Transporte argentino, ahora desde las empresas que utilizan el servicio fuera de la Argentina salieron a manifestarse.
“Toda acción de uno de los miembros de la Hidrovía afecta al resto”, indicaron desde 12 cámaras empresariales que se dieron cita este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
“Por lo tanto, todas las acciones que tomen los países deben enmarcarse bajo el enfoque de la multilateralidad. Más aún, teniendo en cuenta que, dos de sus miembros, son países mediterráneos, que tienen derecho de acceso a los océanos consagrados en la Convención del Mar”, sumaron.
¿QUÉ PASÓ CON LOS PEAJES EN LA HIDROVÍA?
Este año la Argentina procedió a cobrar u$s 1,47 por cada tonelada trasladada por la Hidrovía. Y ahora, las instituciones privadas señalaron que “afecta a los usuarios de la región: importadores, exportadores, armadores y prestadores de servicios; no solo a los armadores paraguayos”.
“Este tipo de medidas además de encarecer los bienes de la región, haciéndolos menos competitivos, podría desmotivar el uso de la hidrovía”, apuntaron.
“Las instituciones privadas representativas de los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra entienden que el ámbito propicio para tratar la cuestión, son el CIH y la Comisión del Acuerdo y que este es el marco para la aprobación o no del cobro del peaje”, expresaron.
Enbanderados en los principios de “Libertad de Navegación, Igualdad de Tratamiento y Libertad de Tránsito”, sumaron también su reclamo por la calidad del servicio.
“Resulta inconveniente la provisión del servicio tradicional de balizamiento –con boyas estáticas– porque eso no sólo no favorece la navegación, sino que incluso puede llegar a entorpecerla en función del permanente cambio de traza que las corrientes ocasionan en ese tramo del río Paraná”, alertaron.
Sobre este punto, en el sector privado argentino señalan el mismo inconveniente. “Es la intención de todas las instituciones presentes defender de manera decidida el Acuerdo y sus principios por lo que instamos a todos los actores, a los miembros de los gobiernos, a resolver los problemas dentro del marco de la CIH y la Comisión del Acuerdo”, cerraron.
