La Comisión de Producción del Senado entrerriano retomará el martes el debate para reformar la ley que prohíbe exportar a Uruguay madera producida en la provincia, luego de dejar abierta la discusión el año pasado cuando tomó estado parlamentario el proyecto que impulsa el gobierno.
La “ley de la madera” fue sancionada en marzo de 2007 en pleno conflicto con el Uruguay por la instalación de la pastera UPM-Botnia de la localidad de Fray Bentos y antes del fallo del Tribunal de la Haya.
En octubre de 2016, el gobernador Gustavo Bordet envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar la denominada Ley de la Madera y aseguró que la provincia de Entre Ríos, en materia foresto industrial, “pierde competitividad ante sus pares de otras provincias y estas cuestiones hay que corregirlas”, dijo.
El proyecto del Poder Ejecutivo crea en la provincia el “Plan Maderero Entrerriano” tendiente a la “promoción, desarrollo y sostenimiento de la actividad foresto-industrial” y dispone la derogación de la Ley de la Madera, promulgada bajo el número 9759 como así también sus reglamentaciones.
En su fundamentación, el gobierno afirmó que los cambios “se basan en la necesidad de fortalecer e integrar el sector foresto industrial, ya que consideramos que nuestra provincia tiene enormes potencialidades para el desarrollo total de esta cadena de valor ya que están dadas todas las condiciones a partir de una producción primaria establecida, de la existencia de viveros ajustados a los estándares genéticos demandados y de un segmento industrial con altísima potencialidad”.
Y aclaró: “Cuando fundamentamos la ´actividad´, lo hacemos en consideración de que no se trata simplemente de los “rollizos” o de los “chips”. Los rollizos como materia prima en si constituyen parte de un eslabón productivo, son componentes de una cadena en la cual su justiprecio depende de condiciones de comercialización y logística, de aspectos fiscales y de políticas promocionales específicas que hagan al fructífero desarrollo de dicha industria. Tanto los subproductos, como los residuos, son importantes en la cadena productiva para alcanzar mayor desarrollo y valor agregado, por eso, prohibir la exportación del excedente de estos subproductos, es desalentar la economía de escala que requiere el sector forestal”.
“La ley rige en la provincia hace casi diez años y no ha logrado cumplir con su objetivo. Contrariamente, ha resultado un escollo para el desarrollo foresto industrial de la provincia, desalentando inversiones, afectando la tasa de plantación en los últimos años y generando un estancamiento en la economía sectorial y provincial”, afirma el gobierno en la fundamentación del proyecto.
La comisión de Producción está integrada por los justicialistas Mario Torres (Villaguay), Daniel Olano (Islas), Pablo Canali (Colón) y Aldo Ballestena (La Paz) y por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Francisco Morchio (Gualeguay) y Miguel Piana (Federación) de Cambiemos.
