La aparente tranquilidad que reinaba en el transporte de granos santafesino se quebró con la presentación por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Sociedad Gremial de Acopiadores de sendos recursos de amparo contra el decreto provincial que implementó un nuevo marco tarifario y estableció las condiciones para la puesta en práctica de un sistema de distribución de cargas en municipios y comunas.
El decreto en cuestión fue sancionado luego de arduas negociaciones entre camioneros, dadores de carga y funcionarios, a raíz del reclamo de los transportistas por una “distribución equitativa” de las cargas durante los meses de temporada baja.
A partir del decreto 643, promulgado en abril por el gobierno de Jorge Obeid, todos los actores deberían analizar y acordar conjuntamente, en el marco de la Comisión de Granos, un sistema de distribución de cargas acorde a cada jurisdicción para el período junio-noviembre de cada año.
Esta instancia fue el resultado de un supuesto acuerdo alcanzado entre las partes durante las reiteradas reuniones convocadas por la Subsecretaría de Transporte santafesina, mientras el conflicto se encontraba en su punto más caliente: en dos oportunidades se produjo la paralización del transporte de granos en plena cosecha por parte de los camioneros de Transportadores Rurales Argentinos (TRA).
Sin embargo, el presidente de ACA, Héctor Zorzón, sorprendió en recientes declaraciones al señalar que “nosotros nunca fuimos convocados previamente a la sanción del decreto, a pesar de que le habíamos pedido una audiencia al gobernador (Jorge Obeid) y al ministro (de la Producción, Roberto Ceretto)”.
Por este motivo, la entidad desconoció la legitimidad, tanto de la norma como del ámbito de negociación que ella establece, al considerar “ilegal e inconstitucional” el decreto, ya que el transporte de cargas se encuentra desregulado en la provincia.
Por su parte, el subsecretario de Transporte santafesino, Miguel Latorre, puso de manifiesto que si bien cuentan en su cartera con datos fehacientes de que la ACA adhirió a las cuestiones tarifarias, reconoció que no existen registros en actas sobre la conformidad de la empresa respecto de la conformación de una comisión que determine un sistema de distribución de las cargas.
“No tenemos registros en actas de que ellos hayan acordado; de todos modos, tenemos algunos representantes de ellos que sí participaron en reuniones informales en donde dijeron que iban a venir a las reuniones”, aseguró el funcionario de la cartera transportista.
Pero otra complicación surge a partir de que el decreto establece que “la falta de participación de cualquier sector incluido -dentro de la Comisión de Granos- dará por tácita su aceptación de lo acordado”.
Si bien la frase es tajante, Latorre consideró que la comisión estaba “suspendida” ante la iniciativa de los dadores de carga y hasta que las entidades acuerden integrar dicha comisión y se resuelvan los conflictos judiciales planteados.
Mientras tanto, el ánimo de los camioneros del sur provincial empieza a inquietarse y ya se registran las primeras expresiones de incomodidad ante la demora en el inicio de las negociaciones dentro de la citada comisión.
Además, aseguran que en varios pueblos no están recibiendo cargas, situación que incentiva los bríos combativos de los transportistas que, por estas horas, amenazan con cruzar los vehículos frente a las cerealeras.
Como si fuera poco, las autoridades comunales y municipales, que según el decreto serían las encargadas de arbitrar la distribución de las cargas en sus localidades, en algunos casos se encuentran en una verdadera encrucijada.
Para los grandes municipios no habría problemas en beneficiar a un camionero local, pero más de un presidente comunal lo pensará más de dos veces antes de enfrentarse al acopio o la fábrica de su pueblo.
Juan Manuel Fernández
Corresponsal de Infocampo en Santa Fe
