En el año 2015 se vendieron en el mercado argentino 1117 sembradoras, una cifra 51% inferior a la del mismo período de 2009 (cuando una sequía histórica generó quebrantos generalizados en el sector agrícola) y 66% más baja que en 2002 (cuando se registró la crisis socieconómica más importante de la historia argentina), según publica el sitio valorsoja.com.
La venta de sembradoras es uno de los mejores indicadores para evaluar la evolución de la capacidad de pago de las empresas agrícolas porque se trata de un bien que, por sus características, no es útil como reserva de valor (y por ende no es viable como “cobertura cambiaria”).
En 2012 y 2013, según datos del Indec, las ventas de sembradoras fueron malas (con niveles similares a los registrados durante 2009). En 2014 fueron desastrosas (no superaron las 1500 unidades). Y el año pasado alcanzaron un nivel crítico.
La pérdida de la capacidad de compra de los empresarios agrícolas argentinos se originó por la combinación de precios internacionales decrecientes de los granos con elevados impuestos y distorsiones comerciales en el ámbito local.
En septiembre del año pasado la participación del Estado nacional y provincial en la renta agrícola se ubicó en un 94% (Índice Fada). Es decir: de cada 100 pesos que generaba una hectárea promedio en Argentina –ponderando la participación de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol– 94 pesos se los llevaba el Estado o los reasigna con sus políticas. Este año el gobierno de Mauricio Macri terminó con esa expoliación (aunque el índice sigue en valores elevados del orden del 67%).
El año pasado además cayó un 50% la venta interna de cosechadoras importadas versus 2014, mientras que la de tractores se derrumbó un 72% (debido a las restricciones oficiales vigentes para impedir el ingreso de equipos fabricados en el exterior).
Las únicas ventas que lograron zafar, con un crecimiento interanual del 30% y 7%, fueron las de tractores y cosechadoras “nacionales” (en su mayor parte integrados por piezas importadas ensambladas en territorio argentino) gracias a los créditos de entidades oficiales que permitieron acceder a un bien cuasi-dolarizado pagando tasas de interés reales negativas.
Los créditos de “inversión productiva” –subsidio forzoso aportado por el sector bancario privado– en el segundo semestre de 2015 contaron una tasa fija en pesos del orden del 21% anual (Costo Financiero Total) para un plazo de cuatro años (versus una inflación anual prevista para este año superior al 30%).
