El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitó a la Embajada argentina ante la UE que presente una queja formal contra el accionar de la Comunidad de Valencia y su sector citrícola, por considerar que “sistemáticamente desconoce las normativas internacionales e imposibilita garantizar el éxito de las operaciones de exportación de cítricos de nuestro país con destino a la península Ibérica”.
En un fuerte comunicado, el organismo sanitario nacional aseguró que “no reconoce validez a la reinspección que realiza la Comunidad de Valencia a cítricos importados, que ingresaron a España luego de ser fiscalizados y autorizados por la autoridad nacional fitosanitaria española”.
La determinación del Senasa está basada en la recirculación que tiene la fruta argentina, una vez que ingresa en el Viejo Continente, con la debida habilitación de la autoridad nacional fitosanitaria.
La fruta, “una vez ingresada al país de destino, pierde su identidad porque es vendida a otros operadores económicos y las partidas son divididas sin ningún tipo de sistema que asegure la inviolabilidad de la misma”, advirtió el Senasa.
Por este motivo y al ser nuevamente inspeccionada en empaques valencianos, “no puede asegurarse que las cajas pertenezcan a la partida importada, así como tampoco que las frutas no hayan sido manipuladas y cambiadas de envase. Tampoco existen funcionarios que aseguren al dueño de la mercadería que el proceso guarda un mínimo de seguridad jurídica”, denunció el organismo sanitario nacional.
La normativa nacional e internacional establece que la mercadería importada debe inspeccionarse en el puerto de entrada del país comprador.
Una vez autorizada a ingresar, “al constatarse la ausencia de enfermedades cuarentenarias, la partida no puede ser objeto de nuevas inspecciones, dado que pierde su identidad al movilizarse libremente por el territorio”.
El Senasa recordó que, de acuerdo con las normas dictadas por el Consejo Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la organización nacional de protección fitosanitaria es responsable de la certificación de las exportaciones y ninguna organización de menor nivel administrativo pueden desconocer su autoridad e implementar actuaciones sobre productos importados.
Por este motivo, el organismo argentino denunció que la aplicación del decreto 120/04, sancionado el pasado 16 de julio por el Concell de la Generalitat y que establece el Plan de Vigilancia Citrícola de la Comunidad Valenciana, “no respeta la seguridad jurídica de los operadores internacionales, los que se encuentran indefensos ante cualquier supuesta interceptación que se realice, con el agravante de que las mismas pueden ser objeto del cierre del mercado europeo para las exportaciones cítricas o el agravamiento de las regulaciones de importación”.
