Según los datos aportados por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en lo que va del año ya son más de 100 casos de rotura de silobolsas y hay 10.000 toneladas de granos afectadas. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso de la Nación circulan siete proyectos de ley -cinco en Diputados y dos en Senado-, tanto del oficialismo como de la oposición, para ponerle fin al vandalismo rural.
El Congreso suele ser un termómetro de la agenda social, que, a través de la presentación de distintas iniciativas, vehiculizan las demandas sociales. Ante el reclamo del sector, quien tomó la delantera fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (FDT-Buenos Aires) y presentó un proyecto que pretende modificar el Código Penal para equiparar el vandalismo rural con los ataques a delitos contra la propiedad privada y establecer condenas de 2 hasta 5 años de prisión para quienes realicen destrozos a cosechas o silobosas.
Además de la nueva tipificación, también se incluyen penas que van de 10 a 12 años a quien causara “incendio, explosión, inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago”, que encendió las alarmas en el sector ya que podría abrir a la discrecionalidad de los jueces y la policía frente a las aplicaciones de agroquímicos, fertilizantes y el tratamiento de desechos de procesos agroindustriales.
Días después, desde la oposición, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) presentó una contrapropuesta (acompañada por 14 diputados del interbloque Juntos por el Cambio) para modificar el Código Penal de la Nación, estableciendo penas de 3 a 10 años de prisión -hasta 20 en caso de que se provoque la muerte de una persona- a quien cause un incendio o destrucción en establecimientos rurales.
El tercero en llegar fue el proyecto de ley impulsado por Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal-Buenos Aires) que se diferencia del resto ya que propone, además de la pena de prisión, el cobro de una multa cuyo monto sería destinado a los dueños de los bienes afectados, así como también para preservar la fuente de trabajo de los trabajadores afectados por el delito.
Por su parte, desde la CC ARI y el PRO también presentaron iniciativas en particular. En el caso de la Coalición Cívica, su referente, Paula Oliveto (CC ARI-CABA), propuso penas menores, de 1 a 6 años de prisión, para quien destruya la producción rural y con penas de 2 a 8 años a quien dañe productos agropecuarios para frustrar su comercialización.
Por último, Francisco Sanchez (PRO-Neuquén), presentó un proyecto que también contempla la modificación del Artículo 186 del Código Penal y proponen entre 3 y 12 años de prisión a quien destruya bienes o los deje inutilizables y penas de entre 3 y 15 años en caso de peligro de muerte de una persona -8 a 20 en caso de que el evento cause la muerte directa-.
Por su parte, en el Senado de la Nación, la oposición también presentó dos proyectos de ley. Néstor Braillard Poccard (PRO-Corrientes) propone penas de 3 a 6 años para quienes destruyan, inutilicen o dañen plantaciones agrícolas, productos agrícolas ya cosechados o las instalaciones muebles o inmuebles destinados a almacenarlos y destaca que si esto se produjese a partir del uso de elementos químicos, tóxicos o incendios, la pena se elevaría de 4 a 12 años.
Y, por otro lado, la última iniciativa que ingresó en la Cámara Alta fue de la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) que se diferencia de los proyectos presentadas anteriormente en ambas cámaras ya que propone la creación del Programa Nacional “Cosecha Segura”, que había sido aplicado durante la gestión anterior por un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte y la Secretaria de Agroindustria, y no se refiere a modificaciones en el Código Penal.
El Programa busca prevenir actos vandálicos en inmediaciones de zonas rurales y portuarias, es decir que se implementaría principalmente en las áreas donde se produce la circulación de la cosecha. Otro de los objetivos del Programa sería brindar asesoramiento en el caso de que el productor deba hacer una denuncia penal.
Todas las iniciativas se encuentran formalmente ingresadas y han tomado estado parlamentario, pero ninguna de ellas aún fue abordada por las comisiones, que, en la mayoría de los casos se trata de la comisión de Legislación Penal.
