Una presentación realizada por el abogado de Vicentin, Maximiliano Toricelli, ante la Corte Suprema de Justicia, sumó un capítulo más a la interminable novela en torno al concurso preventivo de la firma santafesina.
“Vengo por el presente a solicitar sean remitidos, a la mayor brevedad posible, los autos principales del concurso preventivo a los fines de poder continuar con su tramitación”, señala el escrito elevado en las últimas horas ante el máximo órgano judicial santafesino.
Vale recordar que, el 16 de junio pasado, uno de los supuestos acreedores del concurso reclamó la avocación de la Corte al concurso, y que dejara de ser tramitado en el juzgado de Avellaneda.
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Sin embargo, el 29 de noviembre, la Corte terminó desestimando el planteo, rechazando contundentemente el pedido de avocación y ordenando devolver las actuaciones al juzgado de origen.
El problema es que, al día de hoy, eso no ha ocurrido, y así “el expediente concursal se encuentra paralizado desde junio de 2022, consecuencia de un requerimiento totalmente improcedente, efectuado además por quien tenía una notable carencia de legitimación activa, y ocultó esa condición tanto a este Tribunal, como a otros tribunales actuantes”, remarcó Toricelli.
DAÑOS Y PERJUICIOS
En este contexto, el abogado puntualizó que “la paralización del proceso concursal genera una serie de inconvenientes que no solo perjudica a la empresa, sino a los acreedores”.
Entre otras cosas, mencionó que “a la fecha de suspensión de los plazos, existían presentaciones realizadas por el directorio de Vicentin a fin de llevar adelante actividades propias de la empresa cuya ejecución requería autorización judicial (por ejemplo, reestructuraciones de créditos tomados en cuenta en el flujo, aplicaciones de activos a cancelaciones de préstamos privilegiados, etc), las cuales, pese al tiempo transcurrido, continúan pendientes”.
Otro aspecto clave es que el 31 de diciembre pasado vencieron los fazones de soja acordados con Molinos Agro SA y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en octubre de 2021, y “en este escenario de incertidumbre resulta muy difícil para la dirección de la Compañía conseguir trabajo para las plantas más allá de negocios spot”.
Esto es así porque “los tomadores de fazón requieren certidumbre para armar sus programas logísticos de aprovisionamiento, producción y venta, que esta situación de indefinición impide consolidar”, argumentó Toricelli.
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Del mismo modo, para la planta de Ricardone, especializada en la elaboración de girasol, se consiguieron contratos que permitieron ponerla en marcha a partir de enero de 2023, “pero resulta muy dificultoso conseguir nuevos negocios en este escenario de incertidumbre”, continuó.
También sucede con la planta de bioetanol, en un momento en que el negocio tiene perspectivas bastante interesantes.
ACUERDO CONCURSAL
Por otro lado, Toricelli recordó que, previo a la tramitación de la avocación, Vicentin ya había logrado las mayorías requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras, tanto en término de cantidad de acreedores como de porcentaje de capital, de manera de poder avanzar con el acuerdo final y comenzar a pagar las deudas.
“El tiempo insumido (aproximadamente 9 meses) perjudica a la totalidad de la masa de acreedores, que frente a una eventual homologación difirieron en el tiempo los recuperos aceptados. En virtud de lo expuesto, se solicita que se remitan las actuaciones del expediente principal al juez natural del concurso, en forma inmediata, como se encuentra ordenado, a fin de que continúe con la tramitación del mismo”, cerró Toricelli.
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