La novela de los agroquímicos llegó para quedarse al agro argentino. Hace días, se vio cómo el juez Francisco Blanc emitía una cautelar en la localidad de Tandil prohibiendo las aplicaciones con sustancias químicas terrestres a menos de 500 metros y las áreas a menos de 2.000 metros de lugares habitados, establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios, campo de bombeo o batería de pozos y cursos de agua“.
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Ahora, el director nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Carlos Alberto Parera, desestimó el pedido que había realizado ante la justicia federal Hernán Trebino, titular del Centro Regional Norte de Buenos Aires del INTA, para que el Juez Carlos Villafuerte Ruzzo permita aplicaciones mínimas dentro de la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino, dado que el terreno del Instituto se encuentra alcanzado por la actual prohibición judicial de aplicar agroquímicos a menos de 1.095 metros terrestres.
La medida alcanza a 631 de las 744 hectáreas que posee la EEA Pergamino, y según la petición de Trebino, hay ensayos que se están realizando desde hace mucho tiempo atrás, y con la medida del Juez todo ese trabajo se echa a perder, por eso redactó la petición para lograr una suerte de “excepción”.
Acto seguido, la organización “Paren de Fumigar Pergamino” se presentó como querellante para que el magistrado no haga lugar al pedido.
Cabe destacar que en el viejo capítulo de Pergamino ya vimos que detuvieron a tres personas por aplicar agroquímicos en una zona prohibida, y también sucedió la histórica primera detención de un Ingeniero Agrónomo.
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Según el director nacional del INTA, en su pedido formal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás, se busca salvar interpretaciones equívocas o que puedan provocar diferentes evaluaciones sobre la justificación que plantea la institución para avanzar con tareas de investigación.
No está demás mencionar que en ningún momento el fallo del Juez Villafuerte Ruzzo detalla cómo se llegan a esas distancias “seguras” de aplicación (más de 1.095 metros terrestres y 3.000 metros aéreos), pero no caben dudas de la similitud con el fallo de Entre Ríos de octubre de 2018, en el que se prohibió las aplicaciones a menos de 1.000 metros terrestres y 3.000 metros aéreos.
La decisión de Parera cayó mal entre algunos técnicos del INTA, que si bien eligieron no revelar su entidad aseguraron que “va en contra de los intereses de investigación que realizamos todos los días”.
Una nueva grieta se abre, y esta vez estaría dentro del INTA.
