La Administración de Bienes del Estado decidió la venta de 39 inmuebles y campos que pertenecen al estado nacional, “tras un proceso de análisis de variables económicas, ambientales y sociales”, explicó un comunicado de la Jefatura de Gabinete.
Entre otros activos, se pondrán a la venta 8.300 hectáreas del Establecimiento General Paz, ubicado en Estación El Retiro en la localidad de Ordoñez, Departamento Unión, al sur de la provincia de Cördoba. Asimismo, se venderá parte del Campo militar Los Andes (cerca de 10.000 hectáreas), ubicado en Tunuyán, Mendoza.
Según se publica hoy en el Boletín Oficial, esas hectáreas serán enajenadas a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El titular de la AABE, Ramón Lanús, consideró que “el impacto resulta positivo para la reactivación de las economías, generando fuentes de empleo e impulsando una de las industrias claves de nuestro país, como lo es la construcción”.
Además, sostuvo que “la iniciativa va en línea con uno de los principales ejes de gestión, que consiste en garantizar una utilización eficiente, transparente y sustentable del patrimonio público, y apunta a reducir costos de mantenimiento y preservar el valor de los bienes del Estado”.
“La iniciativa que se impulsa no sólo constituirá una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que, además, generará un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas”, afirmó Lanús.
La AABE explicó que se “establecen plazos de obra en los inmuebles, siendo tres años los requeridos para comenzar a construir y seis para finalizar el proyecto, evitando de esta manera la especulación inmobiliaria”.
Del total, 26 inmuebles se encuentran ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en el Gran Buenos Aires, cuatro en Córdoba, tres en Mendoza y dos en Salta.
“Algunos de los inmuebles, cuya autorización de venta se propicia, se encuentran destinados a explotaciones de carácter comercial, mientras que en otros casos se trata de predios que son susceptibles de explotación agrícola, no siendo ésta una actividad propia de la administración pública, razón por la que quedan sujetos en muchos casos a una subexplotación o a un inapropiado aprovechamiento”, establece el decreto.
