Los economistas le prestamos menos atención a las formalidades legales que a los contenidos. Por ejemplo, más que discutir si un funcionario puede hacer o no tal cosa, nos preguntamos si debería hacerlo o no, en función del bienestar de la población.
Por consiguiente, frente al anuncio presidencial del pasado 1 de marzo, en el sentido de que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Congreso, para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, la pregunta básica que nos hicimos es qué se propone hacer el gobierno, en materia monetaria, y cuáles serán sus consecuencias.
El BCRA fue creado en 1935. Su Carta Orgánica fue reformada por primera vez en 1946 y desde entonces y hasta 2002 fue modificada en otras once oportunidades. Lo cual implica que, desde el punto de vista de la permanencia de su vigencia, brinda pocas certezas. El otro dato al respecto es que, en lo que va de su existencia, el BCRA ya tiene 55 ex presidentes (no 55 personas diferentes, porque algunos ejercieron el cargo en más de una oportunidad), lo cual implica una permanencia promedio de menos de un año y medio.
Pues bien, aquí y ahora resulta ser un chiste de mal gusto seguir hablando de la “autonomía” del Banco Central (ficción que en los últimos años sólo sirvió para diferir algunos fallos del juez norteamericano Thomas Griesa, a favor de tenedores de títulos públicos argentinos que no aceptaron los sucesivos canjes). Porque cada vez más el Poder Ejecutivo lo utiliza como fuente de financiamiento del déficit público (para pagar los vencimientos de su deuda y –desde el año en curso- probablemente también para financiar el déficit fiscal operativo).
Esta, la clave de la reforma, fue presentada por el oficialismo envuelta en un sinfín de afirmaciones, como que el Banco Central también se tiene que ocupar del desarrollo económico con equidad social, tiene que orientar el crédito, y hasta se afirmó que la reforma reduciría (sic) la tasa de inflación, presumo que porque los créditos financiarían inversiones y por consiguiente aumentaría la oferta de bienes.
Despejemos el campo operatorio. Más allá del estilo, que se analiza por separado en este mismo número de Contexto, la clave de la reforma consiste en duplicar (al hacerlo pasar de 10 a 20% de la recaudación), el límite del dinero que el Banco Central le puede adelantar al Tesoro, para que financie su déficit.
¿Alguien puede creer que si se le eliminan al Banco Central las restricciones para utilizar reservas para pagar deuda pública, y se aumenta el límite de lo que le puede prestar al Tesoro para financiar el déficit fiscal, la tasa esperada de inflación puede bajar? No entiendo cómo colegas míos, por más funcionarios que sean, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, pueden afirmar semejante dislate.
Todo es mucho más sencillo. Como viene diciendo esta Newsletter desde hace algunos meses, la variación interanual de la recaudación total impositiva, aduanera y previsional, no aumenta más alrededor de 35% sino aproximadamente 28% -porque se terminó la reactivación, mucho más que por reducción de la tasa de inflación-, sin ajuste en los gastos (en algunos casos, transitoriamente, con postergación de pagos, que es otra cosa). No hay que ser un genio de la economía para advertir que, dado esto, el Estado tiene que salir a buscar fuentes alternativas de financiamiento. El manotazo a los fondos de las AFJP se agotó, le llegó el turno al Banco Central. Esto no comenzó hoy pero da toda la impresión de que continuará, probablemente con mayor entusiasmo.
En el corto plazo la tasa de inflación depende de varias variables, como el tipo de cambio, los salarios, etc., además de la velocidad con la cual crece la cantidad nominal de dinero. Por consiguiente uno no puede pronosticar un aumento de la tasa de inflación a corto plazo, pero sí un aumento de la presión inflacionaria desde el ángulo monetario.
Un BCRA que emite de manera entusiasta, para financiar el desequilibrio fiscal, y un Secretario de Comercio Interior multifacético, que moreniza el control directo de los precios, los permisos de importación y la venta de divisas en el segmento oficial del mercado de cambios, es un escenario de creciente distorsión de precios relativos que en algún momento se sincerará. Esta es la perspectiva desde la cual hay que abordar la cuestión de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
¡Animo!
* Director de Contexto y miembro del Consejo Asesor de Carta Política
