La aprobación por ley en tiempo record de los valores unitarios básicos establecido en el Decreto 486/12 del Poder Ejecutivo provincial referido a las parcelas rurales solo confirma que la legislatura en esta provincia funciona hoy como una suerte de escribanía en donde sólo se certifica la autoría de los proyectos de ley, no se permiten los espacios para leer, ni analizar, ni debatir los contenidos de las normas, ni siquiera se permite un tiempo para pensar en el impacto que sobre la ciudadanía en general tendrá la aprobación de un avalúo fiscal determinado de manera contraria a lo normado en el Inciso C, del Articulo 9, de la Ley 8672, estableciendo sin discusión alguna la base imponible de un tributo que grava el mismo bolsillo de siempre.
A la luz de lo acontecido en la Legislatura provincial en la madrugada del 24 de mayo, vemos con preocupación que la cruzada contra el campo iniciada en marzo del año 2008 con la resolución 125 no solo sigue vigente, sino que se ha potenciado y agravado de tal manera que la presión fiscal de aquel año 2008 resultó ser el piso de las erogaciones tributarias a la que sería sometido hoy el sector agropecuario, en aquel momento erosionaba la renta, hoy los efectos empiezan a erosionar el patrimonio.
Las contradicciones entre el discurso oficial nacional y provincial y la realidad son cada vez mas evidentes, se habla de generar políticas activas para el sector rural pero se ponen trabas a la comercialización con una disminución significativa en la facturación del agricultor, o se mantienen retenciones en cultivos como trigo, maíz y la mayoría de los cultivos regionales, o se minimizan las situaciones de emergencia y desastre agropecuario, o cuando se dice defender a los productores de menor escala, y se los grava con tributos (Imp. Inmobiliario Rural, Imp. a los Bienes Personales e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), cuya base imponible (la valuación fiscal) no abarca a los grandes productores de hoy, como son los fondos de inversión, o manteniendo como sucede en el Impuesto a las Ganancias la escala de tramos de la base imponible del año 2001, con lo cual se esta pagando casi la alícuota máxima del Impuesto.
El efecto sobre el sector agropecuario ha sido la expulsión de más de 60.000 productores de baja y mediana escala, que han tenido que arrendar sus predios justamente a quienes no tiene un impacto fiscal importante por carecer del capital tierra, proceso que seguirá acelerándose en Entre Ríos con lo aprobado el día 24 de mayo a la madrugada.
El impacto producido por la sobrevaloración de los avalúos fiscales, solo sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, será de 250 millones de pesos que dejaran de ingresar este año a la economía domestica de la provincia. Esa cifra probablemente el año que viene si agregamos los dos impuestos nacionales que utilizan la misma base imponible, se duplique, con lo que eso significa respecto de la actividad economía de los pueblos del interior entrerriano, a quienes Senadores y Diputados tienen la obligación y la responsabilidad de representar.
Por Flavio Izaguirre. Presidente de Farer
