“El actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población que convive con estos cultivos”, aseguró la legisladora.
Ese es, de hecho, uno de los principales motivos que impulsó al bloque a trabajar en la iniciativa, ya que, según aseguraron desde el FAP en la Cámara de Diputados, “desde hace varios años se vienen levantando voces que alertan por la presencia inusual de un número asombrosamente elevado de habitantes que presentan enfermedades malignas, cánceres principalmente, y también una llamativamente excesiva aparición de malformaciones congénitas en recién nacidos, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad”.
En efecto, un informe de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por los gobiernos de esa provincia y el nacional, encontró que los cánceres infantiles en las zonas fumigadas se encuentran en valores por encima de lo esperado. Si la media mundial de esa enfermedad en menores de 15 años es de entre 12 y 14 casos cada 100.000 niños, los datos oficiales de Chaco indican que ese número trepa a 20,2 en La Leonesa, pueblo recurrentemente fumigado en forma aérea con glifosato y otros plaguicidas.
“A 20 años de la incorporación masiva del cultivo de OGM en la Argentina, es imposible negar que la salud de la población que convive con esta producción está reflejando muestras evidentes de una agresión de gran magnitud, que se expresa, principalmente, en las malformaciones, cánceres y abortos espontáneos que hemos manifestado más arriba”, subraya Donda en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa expresamente pretende prohibir la aplicación terrestre, dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio nacional, de plaguicidas, agrotóxicos o biócidas químicos o biológicos, “con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis”. Su incumplimiento prevé penas de hasta 25 años de prisión para los casos más graves, como la muerte de una persona por su utilización.
La diputada sostuvo la existencia de una relación directa entre las enfermedades y el incremento en el uso de plaguicidas. “Contemporáneamente al aumento de las tasas de cánceres y malformaciones, creció, también exponencialmente, la utilización de plaguicidas desde la introducción de los OGM: Cada vez se necesitan más y más litros de glifosato y demás plaguicidas para sostener esta producción”.
Y agregó: “La relación causa-efecto es motivo de intensas controversias entre científicos vinculados a la industria biotecnológica y científicos independientes. Pero la realidad es incontrastable”.
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