Luego de conocerse el caso de Julio Molteni, en Curarú, partido bonaerense de Carlos Tejedor, varios productores se comunicaron con Infocampo para contar sus propias experiencias en relación al secuestro de maquinaria por deuda de cuotas.
En ese marco, la historia de Alejandro Bastia, contratista de Ceres, en el centro norte de Santa Fe, se diferencia. En 2015, compró una cosechadora usada que reparó con dinero de su bolsillo. Se atrasó dos cuotas, igual que Molteni, y la concesionaria lo mandó a un remate privado.
“Yo la había reparado completa porque la máquina tiene que estar en óptimas condiciones para hacer servicios. Gasté una suma muy onerosa que excedía largamente las dos cuotas que debía. Llevaba pago más del 50%“, le contó a Infocampo.
La empresa de la que Bastia es dueño es muy conocida en la zona, dado que tiene más de 40 años en el rubro y está ubicada sobre la Ruta 34, justo en el límite con Santiago del Estero, un lugar de mucha circulación.
Los problemas comenzaron ese mismo año, cuando Bastia adquirió el equipo en una firma de Totoras, en medio de las inundaciones. Llegó la primera campaña y sobre el final, en julio, se fundió el motor. “No habíamos podido hacer muchas horas, había mucho barro y casi ni se trabajó. La llevé a reparar y me costó casi $500 mil, más de lo que valía mi camioneta que en ese momento era nueva”, recordó.
El 2015 terminó y 2016 también trajo complicaciones, con una primera parte de inundaciones y otra con sequía por el Niño y la Niña. Siguieron las reparaciones y el total en gastos ascendió a casi un millón de pesos.
“Empecé las charlas con los gerentes de la concesionaria y me decían que lo iban a ver, a estudiar. Yo no pagué la cuota de mayo ni la de diciembre, pero en el medio pagué intereses y deudas de repuestos“, relató Bastia, al tiempo que remarcó que a fines de ese año en el norte “casi no hubo trigo porque se quemó todo”.
En abril, un abogado de Rosario llegó con un oficial de Justicia y la Policía y secuestraron la cosechadora. “Organizaron un remate y me ofrecieron pagar US$ 200 mil para quedarme con el equipo, cuando yo debía US$ 132 mil. Yo realmente no podía pagar eso. Me dejaron a pata, me mataron, estuve sin máquina hasta el año pasado“, relató.
El establecimiento de Bastia, en Ceres
La situación se complicó y en octubre de 2018 Bastia sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). “Gracias a Dios no me dejó secuelas graves”, confesó, pero aseguró que el panorama para los contratistas en el norte del país es desesperanzador.
“Los contratistas medianos y chicos tendemos a desaparecer. Los que pudieron despegar es porque se hicieron mixtos, productores y contratistas. Hacen el servicio más barato y a todos los vecinos. Si esto sigue así, también desaparecen los pequeños y medianos agricultores”, reflexionó.
En Ceres, según los cálculos del productor, actualmente quedan 57 empleados de 273 que totalizaban en los años ’90, cuando la zona era puramente tambera.
“No queda gente en los campos, no hay más puestos con personal. Las escuelas tienen tres o cuatro alumnos cada una. Si no hay un incentivo para que la gente vuelva a los pueblos rurales, esto no cambia más”, lamentó.
El establecimiento de Bastia, en Ceres
