Fueron unas veinte reuniones las que se dieron entre el Consejo Agroindustrial Argentino y los equipos técnicos de la AFIP, el Ministerio de Economía y el de Desarrollo Productivo para diseñar -en menos de un mes y medio- los detalles del proyecto de Ley de Reactivación Agroindustrial Exportadora. Este miércoles, el espacio que nuclea a más de 50 entidades del agro nacional se verá cara a cara con los titulares de las principales carteras del gabinete de Alberto Fernández.
Roberto Domenech, presidente de CEPA y uno de los referentes que participan desde junio de las principales reuniones logradas por el CAA -como aquella con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner-, asegura que el proyecto tuvo hasta ahora muy buena recepción por parte de las autoridades y que, en concreto, el delineado de los aspectos técnicos de la ley cuyo objetivo es previsibilidad a 10 años en los negocios e inversiones avanzó a buen paso.
“Se están discutiendo condiciones que puedan favorecer la llegada de inversiones tanto de afuera como de empresarios argentinos. Además, el proyecto tratará un tema que hace muy lento cada paso del proceso: la burocracia. En un mundo en el que las cosas cambian permanentemente, perdemos oportunidades que se nos pasan por delante todos los días solo por tener problemas de logística, trámites, puertos u otros obstáculos al comercio”, explicó en declaraciones radiales.
A su turno, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, y otro de los miembros del CAA que han participado de casi todas las reuniones con los más altos funcionarios del gabinete nacional, admite que el encuentro de este miércoles será para presionar con el avance concreto del proyecto de ley. “En un mes y medio tuvimos más de 20 reuniones con los equipos técnicos y ahora que veremos a los ministros vamos a limar las últimas diferencias para poder avanzar en esta iniciativa que promoverá inversiones con estabilidad fiscal de 10 años para toda la agroindustria”, dijo.
Sin embargo, de los ambiciosos objetivos planteados en el inicio del espacio -allá por junio- hay algunos que no parecerá fácil concretar en el corto plazo. Idígoras admite que las principales metas “no se dieron porque el Gobierno está focalizado en el concepto del costo fiscal”. Hablamos de una baja de derechos de exportación a la carne aviar, a los cortes vacunos envasados al vacío y las producciones de economías regionales.
“Para nosotros la mirada del gobierno es un error, creemos que hay que consolidar la neutralidad fiscal a lo largo del tiempo, porque si uno saca una foto estática del día en que baja un poco los impuestos, por supuesto se encontrará con resultados negativos de los ingresos fiscales, pero es necesario ver la proyección de cuánto aumentaría la producción, el consumo y las exportaciones gracias a eso. Son esos los estudios que les venimos presentando sobre la mesa en cada reunión, mostrando cómo es que el sector tiene una rápida capacidad de reacción ante incentivos de ese tipo”, dijo.
En eso coincide Domenech, que manifiesta como una paradoja que mientras el Consejo Agroindustrial le pide al gobierno bajar la carga tributaria, aparece la aprobación del Aporte Extraordinario o “Impuesto a la riqueza”. Para el titular de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas, “eso va en contra de los aspectos en los que venimos trabajando juntos”.
El dirigente sostiene que el proyecto madre del Consejo, que buscaba aumentar las exportaciones a 100.000 millones de dólares y crear 700.000 puestos de trabajo en todo el país, “está muy muy lejos, lejísimos”. Por último, Domenech afirma que “hoy no hay ninguna posibilidad de modificar a la baja el esquema de derechos de exportación”.
